El Ministerio de Justicia publicó el borrador del proyecto de Acto Legislativo con el que pretende reformar las competencias de la Procuraduría y la Contraloría. En total, se modificarán cinco artículos de la Constitución Política y dos más serán transitorios.
De acuerdo con el borrador, el primer artículo a modificar será el 117, el cual indica que la Procuraduría y la Contraloría son órganos de control. En la reforma se establece que ya no tendrán funciones jurisdiccionales y no podrán limitar los derechos políticos de los ciudadanos a ser elegidos y a ejercer cargos de elección popular.
También se busca modificar el artículo 118, sobre los agentes encargados de ejercer el Ministerio Público, es decir, el procurador, el defensor del Pueblo, los procuradores delegados, los agentes del ministerio público, los personeros municipales y demás funcionarios, limitando su representación ante las autoridades jurisdiccionales.
En el borrador se propone modificar los numerales 8 y 17 del artículo 268, referentes a las atribuciones del contralor General de la República. El numeral 8 actualmente permite suspender inmediatamente a funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios.
La reforma propone limitar tales facultades, pero manteniendo las del contralor de “promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones fiscales, penales o disciplinarias contra quienes, presuntamente, hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado”.
Por su parte, el numeral 17 de la reforma mantiene intactas otras atribuciones del contralor General de la República, pero agrega que en ningún caso podrá sancionar con suspensión, inhabilidad o destitución a servidores públicos de elección popular.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.
De otro lado, se pretende modificar el numeral 6 del artículo 277, referente a las funciones del Procurador General de la Nación. En el proyecto de ley se mantiene la vigilancia y control sobre los funcionarios públicos, pero no podrá sancionar con suspensión, destitución o inhabilidad a servidores públicos de elección popular.
Algo similar sucede con el artículo 278 numeral 1: el Procurador deja de tener dentro de sus facultades desvincular del cargo a los funcionarios públicos elegidos popularmente y ahora emitiría conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero especial.
Frente a esta iniciativa del Gobierno nacional se refirió el ministro de Justicia, Néstor Osuna, autor del proyecto, quien aseguró que: “Dando respuesta a un estudio de muchísimos abogados, se retira la función de intervención de la Procuraduría en los procesos del Sistema Penal Acusatorio”.
El proyecto de ley busca cumplir fallo de la CIDH: Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro asegura que este proyecto de ley busca cumplir con todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asumiendo así las obligaciones internacionales de Colombia referentes a los derechos políticos de los ciudadanos.
En este sentido, ha cuestionado que la Procuraduría General de la Nación continúe emitiendo fallos de suspensión contra funcionarios elegidos por elección popular, tratándose de un órgano administrativo.
La CIDH ha fallado en múltiples sentencias de ese tipo, asegurando que “una autoridad administrativa no puede limitar los derechos políticos de los y las ciudadanas de un Estado parte en la Convención”.
“La suspensión de funcionarios de elección popular debe ser tomada transitoriamente por la justicia contenciosa hasta que el congreso haga la reforma constitucional. El Consejo de Estado se pronunció en el mismo sentido al decir que no hay funciones para suspender de sus cargos a funcionarios de elección popular por parte de la Procuraduría”, escribió el mandatario nacional en su cuenta de Twitter.
El antecedente: el fallo de la CIDH a favor de Petro en 2020
La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de Gustavo Petro el 8 de julio de 2020, con relación a su destitución cuando fungía como alcalde Bogotá.
Aquel tribunal determinó que el Estado colombiano fue responsable de violar los derechos políticos de Gustavo Petro como consecuencia de su destitución como burgomaestre e inhabilidad por 15 años, que le había sido impuesta por la Procuraduría el 9 de diciembre de 2013.
De acuerdo con la Corte, la vigencia de las normas que facultan al Ministerio Público a imponer ese tipo de sanciones a funcionarios democráticamente electos, como era el caso de Petro, así como las inhabilidades de la Contraloría, constituyen una violación a la Convención Americana.
Por ello, la Corte concluyó que el proceso disciplinario contra Petro violó el principio de jurisdiccionalidad, la garantía de imparcialidad, el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Más Noticias
Iván Cepeda, pese a haber sido declarado persona no grata, encabezará un evento de su campaña presidencial en Medellín
El senador y candidato del Pacto Histórico fue declarado persona no grata por la Asamblea de Antioquia. La decisión respondió a cuestionamientos sobre un fragmento de una polémica intervención previa realizada por Cepeda en Bogotá
Así calificó la prensa portuguesa a Luis Suárez tras la clasificación del Sporting Lisboa a los cuartos de final de la Champions League
El equipo de los Leones clasificó entre los 8 mejores equipos de Europa, y ahora enfrentará al Arsenal de Inglaterra
Fecode convocó paro nacional de 24 horas el 15 de abril en rechazo al nuevo modelo de salud para docentes
La decisión fue adoptada tras una junta nacional y responde al descontento de los profesores por las deficiencias en la atención médica y los retrasos en la implementación de acuerdos relacionados con derechos laborales y salariales
Creadora de contenido advirtió a sus seguidores sobre viajes en ‘apps’ de transporte: “No se suban a un carro con menos de 100 viajes”
La mujer compartió esta recomendación debido a una experiencia desagradable que vivió con un servicio sospechoso
Padre denuncia que Nueva EPS autorizó medicamentos para su hijo con leucemia después de su fallecimiento
La notificación de la autorización llegó el jueves anterior al deceso, cuando su estado médico era ya irreversible
