La Contraloría General de la República cuestionó los resultados de la Política Integral Migratoria del Gobierno colombiano durante el periodo 2018-2021. De acuerdo con un estudio realizado por el ente de control fiscal, aunque el modelo ha sido un paradigma a nivel regional en la atención de la población migrante venezolana, existen debilidades en la formulación de estrategias y planes en los otros flujos migratorios.
La Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras encontró fallas en la ejecución presupuestal e insuficiencia de estrategias para afrontar las dinámicas migratorias en Colombia.
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Para llegar a esta conclusión, la entidad evaluó los resultados de la gestión efectuada por las entidades del Gobierno nacional para la atención y control del flujo de migrantes que afectó al país en el periodo 2018-2021 y se validaron si las estrategias y programas implementados fueron adecuadas para su atención de manera oportuna, integral y con enfoque de derechos humanos.
Los flujos migratorios que se tuvieron en cuenta para realizar el estudio fueron: la población migrante proveniente de Venezuela, migrantes en tránsito, colombianos retornados y colombianos en el exterior.
Por su parte, las entidades evaluadas a nivel nacional fueron el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, Presidencia de la República y la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional.
A nivel territorial, se encuestaron los diez municipios que tuvieron la mayor recepción de población migrante en el período objeto de estudio, con el propósito de analizar los resultados a nivel territorial y la coordinación Nación-Territorio de la política. La muestra estuvo conformada por: Bogotá, Barranquilla, San José de Cúcuta, Ipiales, Cali, Medellín, Maicao, Cartagena, Bucaramanga y Pasto.
Respecto de las dinámicas migratorias, la Contraloría encontró que las proyecciones que se tenían correspondientes al flujo proveniente de Venezuela fueron sobrepasadas. Según el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), se estimaba la llegada de 1.032.000 migrantes; sin embargo, a octubre de 2022, se encontraban inscritas 2.468.786 personas en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV).
Además, según información de Migración Colombia, se detectaron 135.555 extranjeros que ingresaron al país de manera irregular relacionados con el tráfico de migrantes, en su mayoría originarios de Haití, Cuba, Asia y África.
En relación con los colombianos retornados, se tramitaron a través de la Comisión Intersectorial para el Retorno 28.190 solicitudes, y en cuanto a la población colombiana en el exterior, a 2020 la cifra ascendía a 5.499.220.
Fallas en la ejecución presupuestal destinada a la Política Migratoria
Según los datos aportados por la Contraloría General de la República, para asistir los flujos migratorios que se presentaron durante el periodo 2018-2021 en Colombia, se ejecutaron recursos por $2,72 billones del Presupuesto General de la Nación en desarrollo de la Política Integral Migratoria, de los cuales el 99,10% se concentró para la población procedente de Venezuela.
Para la entidad, llama la atención que, de los $743.308 millones apropiados mediante el Conpes 3950 de 2018, acuerdo vigente hasta 2021, para la atención de la población migrante proveniente de Venezuela, se ejecutaron $648.064 millones en 12 entidades, de las 19 responsables.
Además, resalta que en el ICBF se concentró el 85,90% de estos recursos, de los cuales se dirigieron $598.681 millones, es decir, un 80,5%, a una sola acción para brindar atención en las modalidades de apoyo y fortalecimiento a familias con niños, niñas y adolescentes migrantes desde Venezuela que lo requirieron.
Señala la Contraloría que, se destinaron menos recursos a la atención de las necesidades prioritarias en los sectores de salud, educación y vivienda.
No menos importante, señaló que hubo insuficientes aportes del Gobierno a los entes territoriales por la alta demanda de migrantes y la complejidad de los servicios que requerían y, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del covid-19, en el 2020 se observó una disminución en la asignación de los recursos en 81,73% respecto al 2019, y en 2021, la ejecución del presupuesto fue solamente del 20,70%.
Otra conclusión a la que llegó la Contraloría fue que los aportes internacionales no fueron sujetos de seguimiento financiero por parte de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, lo que no permitió identificar el destino, beneficiarios e impacto de su ejecución. De igual manera, se evidenció la falta de un sistema de información que consolidara la ejecución de los recursos destinados por todas las fuentes de financiación.
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