Defensoría del Pueblo pidió coherencia a grupos ilegales en fase de acercamiento

A través de un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo volvió a referirse al accionar violento de diversos grupos armados ilegales en el país y los avances de la Paz Total del Gobierno nacional al respecto. En ese sentido, hizo un llamado a un cese multilateral entre estas estructuras para materializar esta política.

Al respecto, el defensor Carlos Camargo hizo un nuevo llamado a estructuras como el Clan del Golfo (AGC), el Estado Mayor Central (EMC) y el ELN a detener los enfrentamientos en los territorios a fin de no generar afectaciones a civiles y la fuerza pública.

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“Que todos los grupos, no solamente los que están en fases exploratorias y en conversaciones que han arrojado resultados significativos, también aquellos que no forman parte de las mesas, no se sigan afectando entre sí mismos”, sostuvo el funcionario. De paso, enfatizó en que las comunidades son las principales afectadas con las disputas de grupos al margen de la ley por el control territorial y de las rutas del narcotráfico.

Camargo Assis mencionó que esos actores armados deben mostrar verdaderas muestras de voluntad de paz para que el conflicto disminuya en zonas críticas del país. “Solo de esta manera (...) podrán respirar verdaderos vientos de paz”, dijo al respecto.

La Defensoría también recordó las alertas tempranas de inminencia (ATI) en las que fueron mencionadas los riesgos que presentan siete departamentos del país, no solo por el riesgo de combates entre los grupos ilegales y las fuerzas del Estado, sino por la exposición a alteraciones de orden público antes y durante las elecciones regionales del 29 de octubre.

Bajo ese panorama, los municipios Miranda y Corinto (Cauca) y Pradera y Florida (Valle del Cauca) son los principales escenarios de enfrentamientos entre la estructura Dagoberto Ramos del EMC y la Segunda Marquetalia, al mando de alis Iván Márquez. Sumado a esto, en agosto, la entidad recordó que en La Llanada y Los Andes-Sotomayor (Nariño) también se presentaron fuertes combates entre los dos grupos que derivaron en un hecho de desplazamiento forzado.

Tras el caso, varias de las familias víctimas no pudieron retornar a sus territorios debido a la instalación de minas antipersona, detalló la Defensoría. Mientras tanto, en los corregimientos Matitas y Tigreras (La Guajira) tuvieron que alejarse de sus territorios por cuenta de las disputas entre el frente Francisco José Morelos Peñate del Bloque Nelson Hurtado de las AGC y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevadas (Acsn).

“Los dos grupos armados están enfrentados por el control territorial de la Troncal del Caribe”, sostuvo la entidad a través de la ATI 025 de 2023. En Arauca, el sector conocido como Marreros del municipio Puerto Rondón, las disidencias al mando de Iván Mordisco y el Frente de Guerra Oriental del ELN obligaron a más de 270 familias a entrar en confinamiento y el desplazamiento entre veredas de 183 más.

Bajo este panorama, Camargo hizo un duro llamado al grupo residual para tener coherencia entre las fases de acercamiento con el Gobierno nacional y la situación territorial con otros grupos irregulares.

“Al Estado Mayor Central, si tiene una real intención de adelantar un proceso de negociación, a propósito de los diálogos exploratorios que adelanta con el Gobierno Nacional, cese de manera inmediata cualquier afectación a los derechos de las comunidades”, expresó el defensor del Pueblo.

La entidad también avisó que Chocó es uno de los departamentos con riesgo más alto debido a los constantes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN que se disputan los corredores terrestres y fluviales en la subregión San Juan y el Cañón de Garrapatas.

“El Litoral del San Juan y el Medio San Juan e Istmina, fueron municipios advertidos debido al riesgo originado por la presencia del ELN y las AGC, estructuras que están en una continua disputa por el control territorial que deriva en rentas del narcotráfico y en ganancias provenientes de la minería ilegal”, explicó la Defensoría. En riesgo alto también está San José del Palmar ante la presencia de estos dos actores ilegales y sus afectaciones a la población.