
El último reporte semestral de Escuelas Seguras del Consejo Noruego para Refugiados (CNR) reveló que, durante los primeros seis meses del 2023, en Colombia los ataques a los colegios han desfavorecido a miles de menores. Estos sucesos, según el reporte, corresponden a eventos en los que ha habido “utilización de artefactos explosivos en el camino hacia o en la escuela, el reclutamiento forzado, uso militar de escuelas y ataques a docentes y al personal educativo”.
La Declaración de Escuelas Seguras es un acuerdo político intergubernamental dedicado a proteger la educación en los conflictos armado, impulsada por el CNR. Desde el 2022, Colombia a la declaración, debido a la importancia que vio el CNR al “impacto del conflicto armado en el país, que ha negado a niños, niñas y jóvenes su derecho a la educación. La implementación de la declaración devolverá la esperanza y las aspiraciones de los estudiantes”, como señala un comunicado de la institución.
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En el primer reporte de 2023, se asevera que la “persistencia de ataques contra instituciones educativas, sus estudiantes y personal en Colombia continuaron en el país”, pues de enero a junio, 7.485 personas (fundamentalmente estudiantes, pero también docentes) fueron afectadas por algún tipo de evento que puso en peligro su vida o integridad en establecimientos educativos o de camino a las escuelas.
De esta cifra, 7.026 casos corresponden a niños, niñas y adolescentes, 370 son docentes, y 89 hacen parte del personal educativo que trabaja en los planteles. Esto indica que, según las cifras, los estudiantes fueron el 94% de los casos de afectados.
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Del mismo modo, el documento indica que 46 fue el total de eventos que afectaron a la educación, en 8 departamentos en los que el CNR tiene presencia. Por su parte, el Consejo ha aclarado que su informe no corresponde a un “análisis exhaustivo de todos los ataques contra la educación en Colombia”, pues los datos y las conclusiones del reporte hacen referencia a las áreas específicas donde la organización tiene presencia”.
En el mismo sentido, el CNR asevera que, si se hace una comparación con el 2022, en el presente año han ocurrido más ataques en un 18% durante el mismo periodo. Además, también informa que la mayor parte de los casos acontecen en Norte de Santander, siendo este el departamento con el 39% de los sucesos registrados. En este departamento, se incrementó en un 80%, de acuerdo con el 2022 en la misma fecha, la incidencia de los ataques.
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El segundo departamento con altas cifras de ataques a colegios fue el Chocó, que, en comparación con las cifras del último año, tuvo un 60% más de casos reportados.
Frente a los tipos de ataques, específicamente para 2023, la mayoría de las agresiones contra la educación estuvieron relacionadas con el uso de Minas Anti Personal (MAP) o Municiones Sin Explosionar (MSE) y enfrentamientos armados que afectaron las escuelas (el 88% de estos fueron llevados a cabo por grupos armados no estatales alrededor de las escuelas). También se añaden reportes de ocupaciones militares, y ataques contra docentes o personal educativo.
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Llama la atención el hecho de que el uso de MAP o MSE fueron utilizados en los caminos que llevan a los establecimientos educativos. Para el CNR esto es “preocupante”.
Ante el complejo panorama, el CNR invita al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación. a que “implementen las recomendaciones de la Declaración para mejorar el monitoreo y reporte de violaciones a los Derechos Humanos y posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario, especialmente en las áreas donde faltan datos, a fin de determinar información sobre los ataques y cuáles son las necesidades”.
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