
En medio de la instalación del Programa Ejecutivo Internacional de las Américas, la Fiscalía General de la Nación afianzó su compromiso con entidades internacionales como el FBI en la lucha contra la criminalidad de alto impacto y corrupción en Colombia.
Así lo manifestó Martha Mancera, vicefiscal General, que estuvo en representación del ente de control ante la ausencia de Francisco Barbosa. Desde Cartagena, ciudad donde se llevó el evento, la funcionaria también se refirió a las labores de cooperación con las autoridades para desarticular estructuras criminales en el país.
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“Se trata de cómo generamos las metodologías de investigación que sean más eficientes, ágiles y contundentes”, sostuvo Mancera. De paso, enfatizó en que debe generarse un trabajo conjunto con instancias del orden nacional e internacional no solo para desarticular esos actores ilegales, sino también para atacar sus fuentes de financiamiento.
“Más allá de impactar la delincuencia, de llevarlos a los escenarios de los jueces, es quitarles el dinero, es uno de los objetivos principales con las organizaciones criminales”, añadió la vicefiscal. Al respecto, mencionó que el ente de control ha incautado 28 billones de pesos (más de seis millones de dólares) entre dinero en efectivo y bienes a grupos ilegales.
Por su parte, el director de la Policía, William Salamanca, destacó la presencia en la cumbre de delegados de Argentina, México, Ecuador, Chile y Perú, así como la ratificación del FBI sobre la cooperación con Colombia para mitigar los impactos de delitos como el narcotráfico.
“Los sólidos lazos de confianza con el FBI nos permiten avanzar en 101 investigaciones contra el ciberdelito, lavado de activos, narcotráfico y corrupción en coordinación con la Fiscalía General de la Nación”, sostuvo el mayor general.

Esta no ha sido la única intervención de Mancera ante la ausencia del fiscal General en cumbres y eventos importantes. El 22 de agosto la funcionaria estuvo en representación del ente acusados en la audiencia pública sobre las demandas presentadas contra la Ley 2272 de 2022 –que estableció la Paz Total como una política de Estado–.
Durante su intervención, expuso los reparos a esta norma que incluye la emisión de peticiones de suspensión de órdenes de captura contra integrantes de grupos criminales.
Sobre este apartado de la ley, la funcionaria sostuvo que varias de esas solicitudes representaron “diversos retos de interpretación jurídica” y que, positivas o negativas, la respuesta de la Fiscalía fue emitida teniendo en cuenta lo establecido en la Constitución respecto de elementos como las facultades del presidente de la República y la cooperación entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
“La Fiscalía debe, hasta el máximo permitido por el orden jurídico, colaborar en los procesos de paz”, explicó la vicefiscal General. En ese orden, agregó que en su momento el ente acusador avaló las solicitudes de levantamiento de las órdenes de captura de integrantes del ELN que hacen parte del equipo negociador en los diálogos con el Gobierno nacional, y los voceros del Estado Mayor Central para llevar a cabo los acercamientos de cara a la instalación de una mesa de conversaciones.
Dicho concepto fue emitido en medio de un nuevo ‘choque de trenes’ entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Barbosa Delgado por el presunto plan del ELN para atentar contra la vida del alto funcionario. Luego de la denuncia presentada por la Fiscalía, el primer mandatario aseguró que desde el Ejecutivo no se tuvo conocimiento del ataque que sería perpetrado por el Frente de Guerra Urbano de esa guerrilla.
Incluso, aseguró que el fiscal “se dejó engañar” por la información revelada por las fuentes consultadas y que no se hizo verificación de dichos datos obtenidos. “Siempre personalmente le he ofrecido mi apoyo para la seguridad que requiere como es mi deber, y lo seguiré haciendo”, dijo el mandatario ante las amenazas.
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