En la alerta temprana 030-23 de la Defensoría del Pueblo no solo fueron mencionados los municipios del país con mayor riesgo de alteraciones al orden público antes y durante las elecciones regionales de octubre; también se identificaron los riesgos en Bogotá ante la presencia de grupos criminales.
La entidad precisó al respecto que, de las 20 localidades en la capital, 12 presentan un nivel alto (Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Bosa, Teusaquillo, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, San Cristóbal y La Candelaria) y cuatro una alerta extrema (Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz).
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Sobre los actores ilegales presentes en la ciudad, el organismo a cargo de Carlos Camargo precisó que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) tienen incidencia en el sur, norte y parte del occidente. En ese sentido, integrantes de esta estructura hacen patrullajes en zonas de Usaquén, Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Kennedy.
En esas mismas zonas está presente el ELN y la disidencia de las antiguas Farc, Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, y la segunda Marquetalia encabezada por Iván Márquez. Ambas además de tener fuerte injerencia en el extremo sur, también se ubican estructuras en el occidente (Fontibón y Engativá).
La Defensoría del Pueblo también identificó que grupos armados desconocidos al norte de la capital (Usaquén, Suba) y buena parte del occidente y centro. También fueron identificados reductos de estructuras paramilitares como las AUC y otros actores armados como el EPL y agentes de crimen organizado.
En la alerta temprana fue detallada la presencia de grupos criminales locales como Los paisas, Los boyacos, Los pascuales y Los niches, así como actores transnacionales como el Tren de Aragua, con alta incidencia en Kennedy y Bosa. Al respecto, la Defensoría ya había emitido 12 oficios de consumación basados en los riesgos advertidos en otras alertas emitidas en 2021 y 2022 sobre “una exacerbación de la violencia en siete localidades”.
Estas son Sumapaz, Usme, Usaquén, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Engativá y las advertencias fueron elevadas adjuntando hechos como el homicidio de dos líderes y una lideresa social en la ciudad. Los dos hechos, para la entidad, son señal “de las circunstancias a las que se enfrentan quienes deciden hacer procesos de incidencia en sus comunidades”.
A pesar de la situación de violencia en el sur de Bogotá y las denuncias sobre intervenciones de grupos como el Estado Mayor Central y el Clan del Golfo, la Defensoría propuso la instalación de un Puesto de Mando Unificado en Ciudad Bolívar, mientras que en Sumapaz se llevaron a cabo movilizaciones “por la vida, la paz y la defensa del territorio”.
Sumado a lo consignado en la alerta temprana, el defensor Camargo Assis reiteró su llamado al Gobierno y al presidente Gustavo Petro para tener en cuenta el riesgo máximo denunciado sobre 113 municipios del país de cara a las elecciones territoriales.
“En comparación con las elecciones regionales de 2019, en este nivel de riesgo había 78 municipios y muchos coinciden con los 113 que están advertidos ahora”, manifestó Camargo Assis sobre las poblaciones en alerta máxima.
Al respecto, sostuvo que fueron emitidas 48 recomendaciones, entre ellas una acción oportuna del primer mandatario para atender la crisis de violencia padecida en las regiones señaladas por la entidad. Sugirió al mandatario su liderazgo en la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas y reclamó a las instituciones por mayor presencia ante un control territorial de grupos armados ilegales.
“Debe haber articulación entre la política pública de ‘paz total’ y claridad sobre la política pública de seguridad del gobierno nacional”, indicó el defensor del Pueblo en diálogo con El Tiempo.
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