La Fiscalía General de la Nación (FGN) le imputó cargos por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en calidad de autor al exmagistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta Félix María Galvis Ramírez, por direccionar decisiones judiciales a favor de empleados y exempleados de Ecopetrol en detrimento de su patrimonio.
“El material de prueba recaudado determinó que entre los años 2010 y 2011, el exfuncionario judicial se habría asociado con jueces, abogados y fiscales en la capital nortesantandereana (Cúcuta) para defraudar al Estado, mediante el direccionamiento de decisiones judiciales”, explicó el ente acusador en un boletín informativo.
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La entidad explicó que los trabajadores y extrabajadores de la empresa petrolera alegraron supuestas vulneraciones a sus derechos laborales. Así, abogados de la presunta estructura delictiva los representaron y adelantaron acciones de tutela y acciones judiciales ordinarias para favorecer a los demandantes.
Para el restablecimiento de los derechos que supuestamente fueron vulnerados se buscaba acceder a reintegros, derechos pensionales y prestaciones sociales.
“Indagaciones adelantadas por la Fiscalía evidenciaron que Galvis Ramírez, como magistrado, se habría comprometido a fallar favorablemente las acciones judiciales, protegiendo los intereses de los demandantes”, detalló el ente acusador. En esa medida, el exfuncionario estaría involucrado en al menos 14 hechos de prevaricato por acción y 13 de peculado por apropiación.
De acuerdo con la FGN, las presuntas acciones del exmagistrado generaron afectaciones al erario en 30.000 millones de pesos por acciones de tutela. A esto se le suman 2.500 millones de pesos por procesos judiciales ordinarios.
“El doctor Galvis Ramírez dispuso jurídicamente del patrimonio de la estatal petrolera, empresa de economía mixta de orden nacional, al proferir los cuatro fallos ordinarios laborales en segunda instancia, para que, en aplicación del artículo 116 de la inexequible Ley 6 de 1992, se pagaran 2.443.165.768 pesos a favor de los demandantes y, en consecuencia, se apropiara del dinero producto de las órdenes de pago emitidas por Ecopetrol”, sostuvo el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en la audiencia de imputación de cargos.
Condenado por el Pozo de la Dicha
El exmagistrado tiene otra deuda con la justicia que actualmente está pagando. En 2018 fue condenado por el caso de corrupción conocido como el Pozo de la Dicha, un hecho delictivo similar que también involucra a Ecopetrol y que tuvo lugar entre 2010 y 2011.
De acuerdo con la Fiscalía, tanto Galvis como el exmagistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, Fernando Castañeda Cantillo, reconocieron tutelas en contra de la empresa petrolera, que finalmente generaron una pérdida de 137.475′480.065 de pesos. Dichas tutelas fueron revocadas por la Corte Constitucional en 2012.
“La Fiscalía encontró que los exmagistrados concedieron 18 tutelas a favor de 580 accionantes, luego de una concertación con jueces y abogados litigantes”, puntualizó el ente acusador en su momento.
Por los hechos, Castañeda Cantillo fue condenado a 21 años, 9 meses y 21 días de prisión, mientras que Galvis Ramírez fue sentenciado a 22 años, 8 meses y 2 días de cárcel.
En abril de 2018, dos exjueces presuntamente vinculados al caso fueron enviados a la cárcel como medida de aseguramiento por orden de un juez con función de control de garantías de Cúcuta. Se trata de Amparo Disney Vega Mendoza y Samuel Darío Rodríguez Duarte, quienes habrían fallado tutelas de manera irregular a favor de los accionantes de Ecopetrol.
Por otro lado, en abril de 2019, la Fiscalía judicializó a tres abogados presuntamente involucrados en los actos delictivos mencionados, quienes fueron identificados como José Trinidad Minota Quintero, Asael Argüello Cortés y Jorge Luis Horta Orozco.
Ellos fueron imputados con cargos por los delitos de prevaricato en calidad de determinadores, peculado como intervinientes y concierto para delinquir. Luego, un juez determinó que deberían cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
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