Preocupación por incremento de la violencia contra la comunidad LGBTIQ+ en Montes de María

La violencia contra la comunidad LGTBIQ+ ha aumentado en lo corrido de 2023. La crisis que vive esta población se ha desatado por cuenta de constantes amenazas que no solo quedan allí, sino que terminan en asesinatos, secuestros, atentados y otras violaciones de derechos humanos.

Según datos de la Procuraduría General de la Nación, esta comunidad está siendo intimidada con panfletos firmados por integrantes de grupos armados al margen de la ley, en los cuales señalan con nombres propios a sus próximas víctimas y, posteriormente, se han presentado atentados contra sus vidas y han llegado hasta a incendiar la casa de uno de ellos.

Estos actos criminales han dejado hasta el momento tres líderes asesinados en los municipios de Carmen de Bolívar, Tolú Viejo y Morroa.

Luego de que el Ministerio Público se reuniera en una mesa de trabajo con representantes de las Organizaciones LGBTIQ+ que residen en la región de Montes de María, encontró que las amenazas contra la vida y violaciones a los derechos de la comunidad LGTBIQ+ aumentaron y se diversificaron en los municipios que conforman la subregión de los departamentos de Sucre y Bolívar.

Se conoció que, además del riesgo contra sus vidas, materializado en el asesinato de tres líderes, atentados contra la integridad de otros seis, e incontables amenazas, se está presentando la instrumentalización de estas personas para promover el tráfico, transporte y almacenamiento de drogas, además de un creciente fenómeno de trata de personas con fines de explotación sexual.

Tras escuchar los relatos de las víctimas, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, recalcó que es la tercera alerta que hace el Ministerio Público a las autoridades nacionales, departamentales y municipales sobre esta situación y hasta ahora no ha sido atendida adecuadamente, lo que aumenta el riesgo de violaciones a los derechos de esta comunidad.

De acuerdo con la Procuraduría, a esta situación se suma la creciente estigmatización por parte de algunos habitantes de estos municipios, promovida precisamente por los actores armados que buscan tener el control social y han ordenado en sus panfletos sacar a las mujeres trans de los lugares donde ejercen su trabajo.

También se ha promovido apartar a las personas LGBTIQ+ de otros espacios sociales como escuelas y colegios lo que, según la entidad, pone en riesgo la salud metal de la comunidad al llevar a la deserción escolar o en algunos casos al suicidio de quienes lo padecen.

Frente a estos casos, la procuradora delegada para la defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, Viviana Mora Verbel, manifestó su preocupación frente a la respuesta de las autoridades a la vulneración de los derechos de esta población:

Finalmente, la procuradora delegada para el seguimiento para el Acuerdo de Paz, Zeneida López reiteró el llamado a las autoridades para la priorización y atención de estas comunidades, reconocidas por la Unidad para las Víctimas como sujetos de reparación colectiva desde el 2020, y que hasta ahora no han sido tenidas en cuenta.