Alcalde Jorge Iván Ospina a juicio disciplinario por irregularidades en la Feria de Cali

La contratación de la Feria de Cali 2020 del primer año de gobierno de Jorge Iván Ospina tuvo irregularidades por las que el alcalde deberá afrontar un juicio disciplinario en la Procuraduría General de la Nación. Al parecer se acordó el mismo costo del evento presencial cuando, por la pandemia de covid-19, se realizó de manera virtual.

El Ministerio Público le formuló cargos al alcalde de la capital del Valle del Cauca y al secretario de Cultura, José Darwin Lenis Mejía, por presuntas irregularidades en la organización de la Feria de Cali de 2020. Para la Procuraduría, ambos tendrían culpa gravísima en las faltas cometidas durante la contratación del evento.

La investigación señala que se firmó un convenio entre la Alcaldía y Corfecali para organizar la feria del 2020 por 11.955 millones de pesos. El valor habría sido el resultado de un promedio de los tres años anteriores, lo que no se explica debido a que ese año el mundo afrontaba la pandemia de covid-19 y para diciembre estaba vigente el aislamiento.

La Procuraduría señala que el convenio no habría contado con los estudios previos “integrales, serios y suficientes” para justificar el valor de una feria virtual desde la indexación de costos del mismo evento de manera presencial. Señalan que era deber de la administración municipal incluir en los previos la forma como se calcularon los precios de los eventos a realizar, “cosa que en este caso no aconteció, pues como ha quedado evidenciado, tan sólo se hizo referencia a la información histórica bajo presupuestos que no eran aplicables para realizar una feria virtual”.

Ospina es acusado por el Ministerio Público de presuntamente haber incurrido en una omisión de sus funciones de control, vigilancia y supervisión de los procesos de contratación que adelantó su secretario de Cultura, entonces Lenis Mejía. Señalan que el mandatario no habría advertido sobre los cambios contractuales que implicaba la organización de la feria en las condiciones del 2020, no habría pedido información sobre el cálculo de los costos y tampoco advirtió que había aspectos propios de eventos presenciales.

“Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta del alcalde Ospina Gómez como una falta grave cometida a título de culpa gravísima, y la de Lenis Mejía como gravísima a título de culpa gravísima”, señaló el Ministerio Público.

El alcalde había advertido lo que significaba contratar una Feria de Cali durante la pandemia, pues desde octubre de ese año ya anunciaba en redes sociales que era “imposible realizarla bajo el formato tradicional” y que estaban trabajando en la administración municipal para un nuevo formato.

A finales de noviembre, el mandatario caleño escribió: “Señalo enfáticamente que ningún evento presencial sea del sector público o privado ha sido autorizado para la feria de Cali. Estamos construyendo un proyecto desde la virtualidad, los eventos presenciales dependerán mucho del 2do pico de la pandemia e incluso de aprobación nacional”.

Sin embargo, las advertencias y las condiciones de la pandemia que para entonces generaban alerta en el país y el mundo no habrían sido tenidas en cuenta para planificar la contratación del evento, al menos en cuanto al cálculo de sus costos de los que se deberá determinar su justificación.

La edición 63 de la Feria de Cali tuvo varias críticas e, incluso, peticiones para que no se realizara, pero por primera y única vez se desarrolló de manera virtual. En el coliseo del Pueblo estuvieron presentes más de 1.500 bailarines para participar del Salsódromo Maestra Vida que participaron con las exhibiciones artísticas, pero sin público presencial. Los eventos fueron transmitidos a través de redes sociales para que los disfrutaran a través de las pantallas celulares.