No cesa la polémica por la millonaria licitación de pasaportes y etiquetas de visa con la que, según denuncias de varias empresas interesadas en el proyecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia estaría beneficiando a Thomas Greg & Sons, la empresa a la que se le ha adjudicado el contrato durante los últimos 17 años.
Esta vez, se conoció que el abogado Esteban Puyo Posada interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la Cancillería, para garantizar que todas las empresas que compiten por quedarse con la licitación de $599.651 millones tengan las mismas condiciones y oportunidades para competir.
En un apartado de la acción judicial, conocida por el portal Asuntos Legales, el jurista precisó que mediante el proceso “se pretende que cesen las vulneraciones a los derechos colectivos a la Moralidad Administrativa, al Patrimonio Público y a la Libre Competencia Económica, en virtud de las actuaciones desarrolladas por la entidad en el marco de la Licitación Pública”.
La revista Semana explicó que, con dicho proceso judicial, en pocas palabras, buscaría suspender la millonaria licitación, hasta que no se elabore un proceso licitatorio “con garantías”, tal y como lo solicitó el Gobierno nacional a la Cancillería.
Pese a que el Tribunal de Cundinamarca no se ha pronunciado frente a la acción popular, la citada publicación aseguró que la millonaria licitación podría “terminar enredando al ministro Álvaro Leyva” ya que ha delegado funciones sobre el tema, pero no le ha hecho el respectivo seguimiento.
Cancillería hizo observaciones a los proponentes de la millonaria licitación
La interposición de la acción popular contra el Ministerio de Relaciones Exteriores se dio a conocer a tan solo días de que la cartera diera a conocer la calificación que le dio a dos de los proponentes que buscan hacerse con el contrato de casi $600.000 millones: la Unión Temporal Pasaportes 2023, (conformada por Thomas Greg & Sons, Thomas greg Express, Seguridad Movil de Colombia, Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A. , Thales Colombia S.A. y Thales DIS Finland), y la Unión Temporal Libretas 2023, conformada por las firmas Cadena S.A, Cadena Courrier S.A.S.
El Tiempo conoció que la firma Cadena fue rechazada en sus componentes jurídico, financiero y técnico, ya que no presentaron las pruebas solicitadas, y en cambio dejaron “una constancia donde reiteraba quejas sobre presunto direccionamiento del proceso”, indicó el citado medio.
El caso de Thomas Greg & Sons fue diferente, pues en la evaluación de la cartera estableció que la compañía no cumplió con dos de los tres componentes: el financiero y técnico, por lo que tendrá que subsanarlos si quiere continuar en la competencia por el millonario contrato.
Personas allegadas a esa firma le aseguraron al mismo rotativo que Thomas Greg & Sons revisaría de manera inmediata la evaluación del Ministerio de Relaciones Exteriores para determinar “si son simples aclaraciones o malas interpretaciones de los documentos presentados”, señaló el diario bogotano.
De acuerdo con El Tiempo, la firma tendrá hasta el próximo 26 de julio para subsanar dichos componentes, pues el 28 de junio se dará a conocer la evaluación final, y el 1 de agosto la Cancillería adjudicaría finalmente el contrato.
La evaluación de los proponentes se da en medio de la solicitud que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Fiscalía de adelantar “las investigaciones que considere necesarias para establecer la existencia de cualquier irregularidad o ilicitud que pueda presentarse o haberse presentado en el procedimiento licitatorio referido, conformando una noticia criminal para que la entidad a su cargo adelante la instrucción que concluya con las peticiones de rigor ante los jueces de la República”.
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