La corrupción en Colombia queda impune: el porcentaje de casos no resueltos, según la Presidencia, es alarmante

Durante la última década solo se ha resuelto una mínima parte de las denuncias de corrupción, según un análisis de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. De las 57.582 denuncias que se encontraron en la Fiscalía, únicamente 3.460 han recibido condena, lo que representa poco más del 6%.

Los resultados se obtuvieron de un análisis desde el 2010 hasta el primer semestre de 2023 de las denuncias registradas en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía. “Encontramos un mapa de impunidad que demuestra cómo en el universo de 57.582 denuncias tenemos en Colombia un porcentaje de impunidad del 94%”, señaló el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga.

Ese es el porcentaje de las denuncias que no tienen condena a la fecha. En cuanto al nivel de capturas de los presuntos implicados o responsables, un 89,7% de los casos no tienen ningún avance. El 77,15% de los procesos se encuentran en indagación, es decir, la etapa previa a la investigación formal.

La mitad de las denuncias se presentan por los delitos de peculado por apropiación, es decir, funcionarios que se roban los recursos públicos para sí mismos, con 14.963 casos que representan el 26% del total; seguido por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, que es direccionar contratos a empresas amigas, con 14.161 denuncias y el 24.6% de los casos.

El tercer lugar de la lista de delitos denunciados es la concusión, que se refiere a los funcionarios que piden plata para cumplir con su labor, con 5.832 casos (10.1%). Le siguen los sobornos (cohecho por dar u ofrecer) con 5.660 denuncias (9.8%) y el interés indebido en la celebración de contratos con 4.253 querellas (7.4%).

La Secretaría de Transparencia realizó un mapa de la corrupción con los datos obtenidos que permitió identificar los territorios con mayor impunidad en los casos de ilegalidades de funcionarios públicos. En cuanto a las denuncias que no han recibido condena, el listado lo lidera San Andrés, con 99.1%; Guaviare, con 99%; Bolívar, con 98.5%; Putumayo, con 97.6%; La Guajira, con 97.5%; Casanare, con 97.5%; Córdoba, con 97.2%; Vaupés, con 97.2%; Arauca, con 97%, y Sucre, con 96.8%.

En cuanto a los departamentos donde menos porcentaje de capturas se han presentado en comparación con el nivel de denuncias, el listado lo lidera Vaupés, con 98.6%; Guaviare, 98%; Guainía, con 96%; Boyacá, con 95.7%; Cundinamarca, con 95.4%; Putumayo, con 95.1%; Caldas, con 94.5%; Huila, con 94.4%; Casanare, con 94.1%, y Santander, con 94.1%.

“Todos los departamentos se encuentran entre el 90 y el 96 por ciento en impunidad total”, señaló el secretaria Idárraga. “Podríamos decir que en lo que va corrido del año 2023 las investigaciones por los delitos asociados a corrupción llegan tan solo a un 0.25% de condenas, el año pasado a 0.26″, puntualizó.

El informe es el inicio de una serie que se presentará semanalmente desde la Secretaría de Transparencia para formular medidas que permitan aumentar el porcentaje de efectividad en la llamada lucha contra la corrupción.

“Vamos a convocar a la Comisión Nacional de Moralización que es la instancia más alta de lucha contra la corrupción que preside el presidente de la República, que está constituida por el fiscal, la procuradora, el contralor y el defensor del pueblo y un representante del Consejo de Estado para definir una propuesta de ajustes a los lineamientos de investigación y judicialización”, señaló.

El secretario de Transparencia afirmó que van a proponer en esa comisión implementar el estándar de debida diligencia que establece el vínculo entre violación de derechos humanos y corrupción. Además, le pedirán a la Comisión de Disciplina Judicial que adelanten las investigaciones correspondientes sobre los funcionarios judiciales. Idárraga le pidió a la Procuraduría que verifique cada uno de los procesos penales.