Si bien el Frente de Guerra Occidental anunció en la noche del miércoles 12 de julio el levantamiento del paro armado en el sur de Chocó, la situación de violencia en el departamento no es nueva y agudiza con el pasar de los meses.
De hecho, la Defensoría del Pueblo hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional para atender tanto la crisis humanitaria en municipios como Litoral de San Juan, Sipí, Istimna, Nóvita y Medio San Juan, como establecer los mecanismos correspondientes para mitigar la violencia en el resto del departamento.
Según la entidad, en 27 de los 31 municipios fueron emitidas alertas tempranas que denunciaron el riesgo que corren personas defensoras de derechos humanos, integrantes de comunidades étnicas y la población civil en general.
Quibdó, Sipí, Bojayá, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó; Medio San Juan, Medio Atrato; Río Iró, Unguía, Juradó, Bagadó, Nuquí, Bahía Solano, San José del Palmar, Nóvita, Condoto, Litoral del San Juan, Istmina, Cértegui, Riosucio, El Carmen del Darién, Tadó, Acandí, Lloró, Río Quito y El Cantón del San Pablo son los municipios con alertas tempranas emitidas por la defensoría incluso desde 2018.
Desde ese año, según los llamados, aumentaron los asesinatos, extorsiones, señalamientos, estigmatizaciones, desplazamiento, casos de desaparición forzada. A esto se sumaron los cinco paros armados que ocurrieron solamente en Sipí durante los primeros seis meses del año.
El último, iniciado en la medianoche del 5 de julio por el ELN, fue argumentado por esta guerrilla en los supuestos ataques perpetrados por el Clan del Golfo, grupo que tiene una alta concentración en el sur de Chocó. Bajo ese panorama, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un duro pronunciamiento.
“¿Hasta cuándo se hará realidad un trabajo conjunto y eficaz de toda la institucionalidad que permita mitigar lo que viven los habitantes del Chocó?”, cuestionó el funcionario. De paso, sugirió un trabajo conjunto entre las autoridades territoriales y nacionales para superar la crisis humanitaria derivada de la ausencia de institucionalidad.
Durante el martes 11 de julio, el gobernador de Chocó, Ariel Palacios, pidió a la administración Petro establecer un cese al fuego con las también denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia para paliar la crisis.
“La confrontación no es con la fuerza pública, es entre estos dos grupos al margen de la ley que se están disputando el territorio (...) Nosotros pensamos que si se firma un cese al fuego con el ELN, pues debería firmarse con el Clan del Golfo para que estos dos grupos no se sigan enfrentando”, planteó ante el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Las cifras de la violencia en Chocó
Solo en los primeros seis meses de 2023 se registraron 71 actos de violencia que dejaron a cerca de 14 mil personas en estado de confinamiento en 11 municipios. Así las cosas, 71 comunidades sufrieron afectaciones por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
El paro armado, que sería levantado el jueves 13, dejó en el encierro a 52 comunidades de cinco municipios de la subregión San Juan (Sipí, Nóvita, Istmina, Medio San Juan y Litoral de San Juan) que equivalen a nueve mil personas.
Ante estas cifras, el defensor Camargo aseguró que estas afectaciones a la libre movilidad, seguridad, salud y alimentación podrían detenerse siempre y cuando los organismos correspondientes establezcan planes de acción y “rutas efectivas de atención para favorecer a las comunidades del Chocó”.
Varios kilómetros más al norte del departamento, los municipios Carmen de Atrato, Belén de Bajirá, Atrato y Unión Panamericana no tienen alertas tempranas emitidas; sin embargo, están bajo constante monitoreo debido a ataques de múltiples estructuras ilegales contra las poblaciones.
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