Patricia Gamboa, condenada por el escándalo de corrupción en la Universidad Distrital, asegura ser víctima de un montaje judicial: “Lo que hicieron conmigo fue absolutamente injusto”

Patricia Gamboa, extesorera del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Idexud) de la Universidad Distrital, fue condenada en diciembre de 2022 a 17 años de prisión y a pagar una multa de 5.000 millones de pesos por el escándalo del desfalco a esa institución educativa. Sin embargo, apeló la decisión y asegura ser víctima de un montaje judicial.

Aquellos hechos ocurrieron entre junio de 2012 y principios de 2019, en medio de la dirección de Wilman Muñoz del Idexud, tiempo en el que se perdieron casi 12.000 millones de pesos de la institución educativa que fueron girados a través de cheques consignados a favor de Muñoz, que actualmente cumple una condena de 22 años de prisión.

El caso se conoció a finales de 2019, cuando se supo que el exdirectivo utilizó la tarjeta de crédito de la Universidad para comprar oficinas y parqueaderos ubicados en el norte de Bogotá; tres lotes, dos de ellos en Tubará, en el Atlántico, y uno en Villa de Leyva, en Boyacá (este último alcanzaba una extensión de 8.500 metros); 11 vehículos de alta gama, entre los que se encontraba un Jaguar modelo 74, un Datsun modelo 71, un Porsche convertible modelo 2004, y una camioneta Mercedes-Benz.

También se compró relojes suizos, prendas Hugo Boss y Massimo Dutti, elementos deportivos de Garmin, un dron, productos en Homecenter y de Exiagrícola (un comercio especializado en mascotas y maquinaria agrícola), así como hoteles, restaurantes de lujo y diversión sexual.

Muñoz aceptó los cargos, por lo que fue condenado a prisión y a pagar una multa de 12.209 millones de pesos, además de ser inhabilitado para ejercer cargos públicos por 270 meses.

Gamboa, por su parte, fue acusada y condenada por ser cómplice en todo el entramado de corrupción al ser quien autorizaba los pagos que Muñoz manejaba como quería. Sin embargo, ella entregó otra versión de los hechos en una reciente entrevista que le concedió a la Revista Semana.

“Él (Muñoz) me dijo inicialmente que firmara y yo pregunté por qué, cómo voy a firmar. Me dijeron que yo tenía que hacerlo porque yo era empleada pública. Las demás personas eran los que hacían todo el procedimiento, me enviaban los documentos y yo lo que tenía que hacer era revisar que lo que ellos estuvieran escribiendo viniera autorizado por mi jefe, junto con la firma y la cédula. Eso es básicamente lo que yo tenía que hacer”, dijo la exfuncionaria en su entrevista.

Luego agregó: “Lo que hicieron conmigo fue absolutamente injusto, yo solo colocaba los vistos buenos de que los papeles estuvieran completos; era responsabilidad de contadores y tesoreros revisar para qué se gastaban el dinero o por qué salía de la cuenta”.

Sobre las personas encargadas de autorizar las transacciones, aseguró no conocer exactamente quiénes eran. “Sé que estaban en el cuarto piso, pero no sabría exactamente cuáles eran los nombres de los encargados. Sé que había algunos coordinadores, pero la verdad a mí solo me subían los documentos y Wilman me dijo que los firmara porque yo era la única de planta y él estaba muy ocupado entonces que yo era la autorizada para firmar”.

Gamboa indicó además que el Tribunal Superior de Bogotá está revisando su caso y que compulsó copias a la Fiscalía con nuevo material probatorio. “Me violaron mi debido proceso, falsificaron pruebas para inculparme y ahora tengo que pagar una multa millonaria”, dijo.

Así mismo, aseguró que todo se debe a represalias por empezar a alertar sobre las irregularidades que ocurrían en los procesos que adelantaba Muñoz y en los recursos que manejaba.