Apartadó, el municipio azotado por la violencia que hoy cosecha justicia y paz

En la madrugada del 23 de enero de 1994, integrantes del quinto frente de las entonces Farc-EP y un grupo de disidentes del Ejército Popular de Liberación –EPL– irrumpieron en el municipio Apartadó (Antioquia) y mataron a 34 hombres y una mujer que intentó salvar la vida de su esposo, pero una bala atravesó su cuerpo. Esa fue la masacre más numerosa que se perpetró en la subregión del Urabá en la historia del conflicto colombiano.

22 años después, el 30 de septiembre de 2016, integrantes de la entonces guerrilla negociadora del Acuerdo Final de Paz pidieron perdón. Iván Márquez, jefe negociador de la delegación insurgente lideró el acto público a modo de contribuir a la reparación de las víctimas dentro de lo pactado en La Habana con el Estado.

“Nos duele en el alma recordar a tanta gente buena que partió sin poder materializar sus sueños. Los muertos de La Chinita son también nuestros muertos, porque así lo sentimos”, dijo en ese entonces el actual disidente y comandante de la Segunda Marquetalia.

Desde ese momento, la semilla de la paz, que fue sembrada con sangre, floreció en Apartadó. Con la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –Pdet– los municipios más golpeados por el conflicto armado tuvieron la opción de tomar un segundo aire tras la violencia ejercida en esos territorios.

En ese mandato fue incluida la región antioqueña y actualmente es uno de los casos de éxito tanto de la implementación del Acuerdo Final de Paz como de la iniciativa de buena parte de sus 200.000 habitantes para construir la paz en medio de las cicatrices del conflicto.

Hasta ese municipio viajó Infobae Colombia para conocer la actualidad de la implementación del acuerdo y el estado de las heridas que dejó la guerra.

Las dinámicas actuales de los grupos ilegales

El llamado de buena parte de las comunidades es uno solo: hay una apuesta por confiar en la política de Paz Total siempre y cuando el Gobierno actual llegue a acuerdos con los grupos armados ilegales que tienen como principal dinámica el control de las rutas del narcotráfico en Urabá, Bajo Cauca, Atrato, Darién y Córdoba, donde están los corredores más importantes para el envío de droga vía marítima.

“Que sienten a todo el mundo y no dejen a nadie por fuera porque los perjudicados somos los líderes”, enfatizó Birleyda Ballesteros, representante de la mesa comunitaria municipal de Apartadó. Actualmente, grupos como el Clan del Golfo, el ELN, los Caparros y grupos residuales de las antiguas Farc.

Para la lideresa, no solo basta con la labor de los defensores de derechos humanos; sino que las instituciones deben priorizar las condiciones para que sigan en pie las mesas de diálogo y la concertación, y avanzar en la implementación de proyectos productivos y la búsqueda de iniciativas de paz.

“Para que haya una operatividad de estas mesas necesitamos contar con recursos y logística para poder nosotros seguir trabajando en nuestros territorios. La mayoría de los líderes que estamos en estas mesas lo somos 24/7”, reclamó la lideresa al director de la Agencia de Renovación del Territorio –ART– Raúl Delgado, durante el acto de rendición de cuentas de la entidad llevada a cabo en el municipio.

No hay mayor bien para preservar que el ser humano –explicó la lideresa–; en esa medida, se debe priorizar el cuidado de la vida por encima de las obras, el pavimento y lo material. Con esto cumplido, el siguiente paso a seguir es la restitución de derechos a las víctimas del conflicto armado, sobre todo, a las que se encuentran en situación de desplazamiento.

“Todo el mundo piensa en carreteras, el hospital... En hacer cosas grandes. Pero en la autonomía económica es muy poquito lo que están haciendo: unos proyectos productivos nefastos, insatisfechos; no hacen una consulta previa con las comunidades para enviar esos proyectos. Como quien dice, ‘esto es lo que les toca y hasta ahí‘”, reparó Ballesteros.

Actualmente, los hijos de La Chinita (rebautizado barrio Obrero) son los que mantienen viva la semilla de la paz en el municipio, y a pesar de que aún quedan rescoldos de la violencia representada en casos de desplazamiento forzado e intimidaciones a líderes sociales (el 12 de junio apareció muerto un líder reclamante de tierras que iba desde el municipio hasta Córdoba) siguen firmes las intenciones de creer en las premisas de la institucionalidad desde el trabajo comunitario.

“Estamos hablando de paz, y la paz inicia desde nuestros corazones, ¿Sí? Y yo sí quisiera decir que el tema de vivienda rural es una prioridad y una necesidad, es porque la mayoría somos mujeres cabeza de familia a las que el conflicto nos convirtió en mapa: mamá y papá”, concluyó la lideresa comunitaria.