La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expidió una normatividad para que las moras de los usuarios no sean causal de rechazo en solicitudes de modificaciones al proceso de portabilidad numérica de celulares en Colombia. De esta manera la Superintendencia inició nuevas investigaciones a los operadores Movistar y Claro.
Según datos de la misma comisión desde su inicio y hasta marzo de este año 2023, se han registrado más de 43,2 millones de operaciones:
“Como lo indica la evaluación de impacto de la Resolución CRC 5929 de 2020, con la que se redujo el tiempo del trámite de 3 días a menos de 1 día hábil, esta mejora aceleró significativamente el número de solicitudes de portación, pasando de registrar 1,2 millones en el primer trimestre de 2020 a 3,7 millones en el primer trimestre de 2023, lo que representa un crecimiento del 208 por ciento”, dice un comunicado de la CRC.
La entidad asegura que la causa más común para la negación de la portabilidad numérica de celulares en Colombia tiene que ver con las obligaciones vencidas o mora, un 83% del total en los primeros tres meses del presente año. Además, se identificó la utilización del proceso de portación para la ejecución de fraudes por medio de la suplantación de identidad de los usuarios.
Uno de los cambios desde la Comisión es que ya no será necesario estar al día en las obligaciones con el operador actual para poder hacer el proceso. Lo anterior no quiere decir que se eliminen las responsabilidades de mora del usuario.
Por otro lado, la CRC confirmó que los requisitos del proceso de portación de líneas en la modalidad prepago y en la modalidad pospago, se unificaron. “Lo que incluye la verificación de la titularidad de la línea y el envío del NIP para las solicitudes de portación realizadas por personas jurídicas”, indicó la entidad.
En cuanto a la validación de titularidad del usuario, se dispone que debe realizar tanto para usuarios prepago como también pospago, “y para la misma se deberá utilizar únicamente el número de identificación consignado en el documento correspondiente (cédula, pasaporte, NIT, etc.)”.
Hay que tener en cuenta que la norma de portabilidad es un trámite que demora en promedio 24 horas y es un derecho que tienen los colombianos para elegir la oferta de telefonía que más les convenga sin tener que perder su número móvil.
La CRC identificó cuatro motivos por los que este proceso es rechazado:
- Cuando el usuario está en mora o un saldo por pagar.
- Cuando la persona que solicita la portación no es quién celebró el contrato con el operador o no está autorizada para hacerla.
- Cuando el número que se quiere portar se encuentra reportado como extraviado o hurtado.
- Cuando el número a ser portado se encuentre suspendido por falta de pago, por terminación del contrato por falta de pago o cuando existan obligaciones de pago exigibles.
Superintendecia abrió investigación a los operadores por ponerle trabas a la portabilidad
El jueves 22 de junio, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que inició una investigación administrativa mediante la formulación de cargos contra Claro y Movistar por, presuntamente, rechazar solicitudes de portabilidad sin contar con las pruebas correspondientes.
Además, la entidad mencionó que los dos operadores no remitían al administrador de bases de datos los documentos previstos por la regulación para soportar los eventos de rechazo por mora y titularidad de los usuarios que desean cambiarse de operador, manteniendo el mismo número de su línea móvil.
“En efecto, dentro de los pliegos de cargos formulados por la superintendencia se advierte que estos operadores seguirían generando rechazos de solicitudes de portación sin contar ni entregar el soporte previsto dentro del Régimen de Portabilidad Numérica Móvil, que demuestra la configuración de las causales de mora y titularidad”, explicó la SIC en un comunicado.
La investigación se llevó a cabo luego de varias denuncias durante los meses de enero y abril de 2023, y según la entidad se encontró de manera preliminar que estos operadores, al parecer, continúan generando rechazos con fundamento en estas situaciones sin contar con las pruebas que exige la regulación sectorial.
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