Armando Benedetti: Corte Suprema abrió nueva investigación por presunta compra de votos

El embajador de Colombia en Venezuela habría cometido delitos electorales en las elecciones al Senado de la República, que se llevaron a cabo en 2018

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El embajador de Colombia en
El embajador de Colombia en Venezuela estaría vinculado en la compra de votos cuando se desempeñaba como senador de la República. (Colprensa - Camila Díaz)

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una nueva investigación en contra del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, por la presunta compra de votos en el municipio de Maicao (La Guajira).

De acuerdo con el documento del alto tribunal, compartido por Blu Radio, Benedetti habría incurrido en delitos electorales al intervenir en mecanismos de participación ciudadana en las elecciones del Senado de la República de 2018.

“En el estudio de las pruebas practicadas en el curso del ciclo instructivo efectuado en orden a la calificación del mérito probatorio, en concreto, de las interceptaciones telefónicas que se trasladaron a la presente actuación, provenientes del expediente con radicación 00166, se constataron interacciones de las cuales se desprende que, al parecer, el exsenador Armando Benedetti habría incurrido en conductas atentatorias contra los mecanismos de participación ciudadana, al acudir a la compra de votos en el municipio de Maicao, La Guajira, de cara a las elecciones legislativas que tuvieron lugar el 11 de marzo de 2018″, se lee en el documento publicado por el medio.

Las disposiciones del alto tribunal en contra de Benedetti surgieron dentro de un proceso que se adelanta en contra del exsenador Eduardo Enrique Pulgar Daza, que, además, ya fue condenado por la Corte Suprema en junio de 2021 por el delito de tráfico de influencias de servidor público en concurso heterogéneo con el delito de cohecho por ofrecer. Esto, debido a que el exfuncionario sobornó al juez de la República Andrés Fernando Rodríguez Cáez con 200 millones de pesos para que favoreciera a un amigo en un caso.

Sin embargo, según la Corte, la nueva investigación no tiene nada que ver con el caso de Pulgar Daza. “Lo anterior, para que con soporte en tales copias se efectúe el correspondiente reparto, pues esa situación reseñada en precedencia no tiene ninguna conexidad con los hechos materia de las presentes diligencias, seguidas contra el aforado Eduardo Pulgar Daza”, explicó el alto tribunal en el documento compartido por Blu Radio.

Ahora mismo, la Fiscalía General de la Nación (FGN) también está investigado a Armando Benedetti por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del Pacto Histórico, que llevó a la victoria al presidente Gustavo Petro. Esto, después de que se filtraran unos audios en las que el exfuncionario se dirige a la exjefe de gabinete Laura Sarabia, afirmando que sin él no se hubieran ganado las elecciones.

“Nadie me deja tres horas tirado ahí, un man que hizo 100 reuniones en campaña política, un man que consiguió 15.000 millones de barra y que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie. (...) Nadie, nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijuep*** campaña. Si no es por mí, no ganan, no ganan nunca. Entonces, para que me dé ese tratamiento: ‘tengo que ir a grabar’, no sé qué mond* y tú emputada y la gente, nada, ‘¿qué hace usted aquí?’ ¿Qué es eso, Laura?”, se escucha en uno de los audios revelados por Semana.

Armando Benedetti finalmente sí se reunió con el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que adelanta las investigaciones para determinar si hubo, o no, una financiación irregular de la campaña presidencial de 2022. Aunque no rindió declaración jurada en la diligencia que tenía programada para el 23 de junio, sí denunció que ha recibido amenazas, y que esta es una de las razones para no declarar ante la Fiscalía.

La Fiscalía confirmó que la reunión se dio en la mañana del 23 de junio y que allí Benedetti “aseguró no poder declarar en el momento por las amenazas que habría recibido durante los últimos días”. También anunció que el embajador interpondrá una denuncia por el delito de amenazas “tan pronto como recopile elementos de prueba suficientes para soportar el tipo de intimidación que ha recibido”.