Defensoría del Pueblo alerta por la muerte de 31 niños indígenas en el centro de protección La Rioja de Bogotá

Tras realizar una visita a La Rioja, en el centro histórico de la capital colombiana, la Defensoría del Pueblo aseguró que por el hacinamiento en ese lugar, durante el primer semestre de este año, fallecieron varios integrantes de la comunidad Embera, la mayoría de ellos niños, quienes llegaron a esa UPI luego de que en el 2022 fueran trasladados desde el Parque Nacional, el cual ocuparon por varios meses al llegar a la ciudad desplazados por la violencia en sus territorios en el departamento de Risaralda.

“La situación de salubridad es tan preocupante que el pasado viernes, 26 de mayo, un bebé de 90 días de nacido falleció por cuenta de una afección respiratoria. Según lo informado por las autoridades indígenas que viven en el albergue temporal, en lo corrido del 2023 han muerto 31 niños menores de cinco años y nueve adultos”, señalaron desde esa entidad a través de un comunicado.

La entidad estatal, que vela por los Derechos Humanos en Colombia, evidenció que en esa UPI hay 1.500 indígenas, lo que sobrepasa la capacidad del albergue del sitio y que ha tenido como consecuencia problemas sanitarios que serían los causantes de los fallecimientos.

“La estructura física está en condiciones precarias (...) No hay suministro de agua potable, los baños tienen filtraciones, no cuentan con el mínimo de condiciones de salubridad, y el lugar está infestado de moscas y cucarachas, plaga generadora de diversas enfermedades que pone en riesgo la salud humana”, agregaron en la misiva.

Indicaron también que la alimentación que se les está brindando a esas personas, y que suministran desde la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas no se lleva a cabo con un enfoque diferencial étnico.

“Ante la clausura del albergue temporal adoptada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, bajo el argumento de medida sanitaria de seguridad, la Defensoría del Pueblo reitera el llamado urgente a las autoridades nacionales y distritales competentes a que emprendan acciones que permitan el retorno de las comunidades Embera Katío y Embera Chamí a su territorio de origen, en Risaralda, como también a que atiendan los requerimientos de esta población y garanticen sus derechos”, concluyeron el comunicado.

Este llamado se suma al que hizo la Personería de la capital de la República que señaló que han ocurrido graves situaciones de vulneración de derechos de los indígenas, por lo que solicitaron que haya una articulación efectiva entre el gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor para atenderlos y protegerlos.

Aparte alertaron al Ministerio del Interior, informando la grave situación en la UPI, además, de solicitar un mayor despliegue de las capacidades institucionales que protejan a esta población indígena.

En el documento también le solicitan a Luis Fernando Velasco, jefe de la mencionada cartera, atender de inmediato a los indígenas Emberá Katío y Chamí, quienes ya completan un año de estar en La Rioja, luego de que se firmara un acuerdo que permitió su salida del Parque Nacional.

“Solicita se establezca una mejor y mayor articulación interinstitucional que efectivice la atención que requiere de manera urgente estos sujetos de especial protección constitucional, que hoy se encuentran en condiciones de vulnerabilidad manifiesta”, afirmaron en otro comunicado.

Según la Unidad para las Víctimas, la migración de la comunidad indígena Emberá hacia la capital ha sido producto de la violencia desatada en medio del conflicto armado y la presencia de grupos armados, por lo que muchos de ellos no han podido regresar a sus territorios debido a la falta de garantías en seguridad.

“(Lograr) que tengan condiciones dignas en sus territorios garantizará un retorno sostenible. Si no hay un servicio integral del Estado, se seguirá presentando esta situación y que dependan de grandes ciudades”, afirmó la directora de esa entidad, Patricia Tobón.