Un dragoneante de Inpec, el primer funcionario del Estado que será juzgado por el secuestro de la periodista Jineth Bedoya

Luego de 23 años del secuestro, tortura y violencia sexual perpetrados en contra de la periodista Jineth Bedoya Lima, el primer agente del Estado cómplice de los hechos será llevado a juicio, por lo sucedido el 25 de mayo del 2000. Se trata del dragoneante del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) Marco Javier Morantes Pico, cuyo juicio comenzará este 16 de mayo en el Juzgado 10 Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

Morantes Pico enfrenta cargos por secuestro agravado al haber sido acusado por la Fiscalía General de la Nación de facilitar el crimen en contra de Bedoya, pues según la investigación, era el encargado del acceso a la cárcel La Modelo, donde la periodista entrevistaría al paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero.

Aprovechándose de esa labor, el dragoneante le dijo a Bedoya que su ingreso al centro penitenciario estaba autorizado; no obstante, la retuvo en la entrada con la excusa de que debía esperar por una boleta que en realidad no existía. Esto dio tiempo suficiente para que la mujer quedara sola y posteriormente fuera abordada por un hombre armado que la subió en un vehículo para secuestrarla. Luego fue abandonada en vía pública de Villavicencio, Meta.

El 14 de diciembre de 2021, la Fiscalía 189 de la Dirección Especializada contra Violaciones de los Derechos Humanos acusó al dragoneante de hacerle creer a Bedoya que existía una autorización de admisión al penal, un engaño que “no tenía otra finalidad que la de mantenerla en ese lugar, dando tiempo a que llegaran los encargados de su plagio”.

Según la acusación, el papel de Morantes Pico fue el de entregar “apoyo esencial a la realización del fin último que, en el específico caso, era raptar a quien había tratado periodísticamente temas que involucraron a los grupos de autodefensas o paramilitares, como la del comercio de armas en el interior de la Cárcel Nacional Modelo y la utilización de las mismas en las diferentes masacres que se habían perpetrado dentro de dicho recinto carcelario, entre otros, conducta desplegada por el indagado, de manera consciente y voluntaria, y pudiendo obrar de forma legal y diferente, no lo hizo”.

Ante el inicio de este juicio, Bedoya aseguró que es un paso importante en la búsqueda de justicia por el flagelo que sufrió. “Quiero reivindicar la necesidad de que la Fiscalía General y todos los organismos de justicia se comprometan con las víctimas y sobrevivientes, no solo de violencia sexual, sino de todos los crímenes de lesa humanidad (…) Llego a este juicio con todos los argumentos y pruebas para demostrar cómo funcionarios del Estado fueron cómplices en lo que ocurrió ese 25 de mayo de 2000″.

Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), coincidieron en que Morantes Pico formó parte de un plan criminal mucho más grande y señalaron que si bien se lo va a juzgar en calidad de funcionario del Estado de bajo nivel, es importante que se investigue a todos los agentes estatales que pudieron haber estado involucrados, incluidos los altos mandos.

Es de recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano en octubre de 2021, por hallarlo responsable de la violación de varios derechos, entre los que se incluyó el de integridad personal, libertad personal, honra y dignidad y libertad de pensamiento y expresión de Bedoya, y además concluyó que hubo “graves, precisos y concordantes” indicios de participación estatal en los hechos.

También señaló que la Fiscalía General de la Nación no ha hecho correctamente su trabajo de adelantar una investigación diligente dentro de un plazo razonable de juzgamiento y sanción. Además, determinó que la investigación ha sido llevada por un carácter discriminatorio a razón de género.

La FLIP señaló que la decisión sobre el dragoneante de la Fiscalía es tardía, pues desde el 2012 se identificó que fue quien atendió a Bedoya en el centro penal, pero solo hasta el 2017 se lo vinculó al caso y cuatro años después, 2023, fue acusado formalmente.