Tres rectores de colegios públicos fueron enviados a la cárcel por corrupción

Un juez de garantías envió a la cárcel, en la tarde del 8 de abril, en Cartagena, a Juan Carlos Castillo, exrector de la Institución Educativa de Bayunca; Remberto Navas Moreno, rector de la Institución Educativa San Felipe Neri, en Olaya; y Robinson Orozco, quien fue rector de la Institución Educativa Luis Carlos Galán, en El Pozón, luego de acusarlos de cometer actos relacionados al delito de corrupción. A estos funcionarios asegurados en prisión se sumaron dos profesores y una exsecretaria de Educación.

En mayo del año en curso, la secretaria de educación Olga Acosta Amel, en una entrevista con La Cariñosa, aseguró que, para ese mes, los ahora imputados no habían sido juzgados aún. “Nosotros esperamos y confiamos en que ojalá sean inocentes, es nuestro deseo del corazón”, reveló en su charla con la emisora. En la investigación también salieron a relucir los nombres de Hernando Vargas Morales, Luz Emilia Montalvo Castellano, Ubiter Álvarez Pacheco y Enoelia García Flórez.

De lo que se acusa a los tres rectores, particularmente, es de haber, presuntamente, cometido irregularidades en lo que respectaba a la entrega de cartillas escolares y tres predios que, aunque habían sido comprados para beneficiar a los estudiantes, terminaron en manos de terceros.

Juan Carlos Castillo Castilla habría ocurrido en los crímenes de los que se le acusan cuando era rector de la Institución Educativa de Bayunca. Se le adjudicaron investigaciones por supuestos malos manejos del presupuesto otorgado a la institución en el año 2021.

“Este es un proceso que surge a través de una competencia de la Contraloría por el incumplimiento contractual en un solo proceso. De ahí se despliegan todas las actividades. El proceso inicia a través de la presunta falsedad documental de una persona que se hace pasar como abogado para ofrecer sus servicios en derecho en diferentes instituciones educativas. Entonces el proceso surge de ahí, de esa compulsa de copias y con ello empezamos a verificar en cuáles contratos había participado dicha persona y quiénes eran los intervinientes en los mismos”, indicó una fuente de la Dijín en testimonios recopilados por El Universal.

“Es decir, la Contraloría hace una verificación contractual y pone en conocimiento de la Fiscalía General una serie de situaciones de falsedad personal que se estaban presentando con esta persona. Esencialmente fue por una documentación falsa que esta persona estaba presentando para ofrecer sus servicios como abogado, por un caso en el colegio de Fredonia”, añadió.

La persona de la que se habla y que se habría hecho pasar como abogado sería Hernando Vargas Morales. “Cuando empezamos a hacer la verificación de esta persona y con qué otros colegios contrataba, identificamos primero que él no era abogado, no era especialista. Pese a ello, prestaba sus servicios para la realización de diferentes procesos de manuales de contratación y logramos advertir que a él solo se le adjudicaron seis contratos. Pero no sólo esos seis contratos, sino que él era la cabeza para ubicar a otros contratistas para la ejecución de diferentes contratos”, dijo la autoridad respecto al caso.

En total, dice el ente investigador, habría sido una cantidad de 20 los contratos con irregularidades. “Durante la pandemia de COVID-19 se hicieron contratos para material de apoyo estudiantil, que son cartillas escolares, diferentes materiales de apoyo. Allí identificamos que los colegios fraccionaban los contratos para no superar los topes establecidos por la Ley”, se lee en el expediente.

“Esos contratos estaban direccionados a contactos, a la empresa personal de este falso abogado y de su esposa y su excompañera sentimental, eran siempre ellas dos”, dijo la fuente consultada por el medio de comunicación ya citado. Vargas Morales, entonces, habría dirigido los contratos a Ubiter Álvarez Padilla, su mujer y exsecretaria de Educación del municipio de Villanueva; a Luz Emilia Montalvo Castellano, su excompañera sentimental y docente de un colegio oficial en el Distrito; y Enoelia García Flórez, profesora y amiga de Ubiter.