En la noche del 4 de mayo, tras la aprobación en el Congreso de la República del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” del Gobierno de Gustavo Petro en el último debate en la Cámara de Representantes, el sector de la infraestructura sintió y sufrió un duro e histórico revés.
La razón tiene que ver, según la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), con la incorporación dentro del propio PND de seis artículos que en conjunto no solo allanan el camino para expandir la corrupción, sino que también abren un enorme boquete para que prolifere la entrega de obras civiles fallidas con bajísimos estándares de calidad.
De igual manera, advirtió el gremio, estas ponen en riesgo a la industria de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de ingeniería en las regiones y, además, son caldo cultivo para que la contratación especializada quede en manos inexpertas.
En concreto, se trata de los artículos 79, 98, 99, 277, 351 y 366, en los que se encuentran disposiciones tan nocivas como retardatarias que a la luz de una mirada transversal bien podrían constituirse en la desnaturalización de la Ley 80, la cual establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
A grosso modo, la CCI subrayó que el espíritu de los artículos en mención contrarían de manera muy abierta la selección objetiva de oferentes, pues los incisos dan vía libre a la contratación directa en favor de ciertos segmentos poblacionales y en detrimento de otros.
Corrupción
Así las cosas, la Cámara Colombiana de la Infraestructura mencionó que el PND se presta para corrupción. Esto, teniendo en cuenta que la aprobación de los referidos artículos en el PND limita la pluralidad de oferentes y coarta la libre competencia en ciertos procesos de contratación con el Estado, por cuanto se promueve allí la contratación directa.
Concentración de la contratación especializada en manos inexpertas
Otro punto que toca la CCI es que de cara a lo aprobado en el PND queda claro que ciertos procesos contractuales amparados bajo la figura de asociaciones público- populares favorecerán a determinados segmentos poblacionales e irán en contra de otros, como las pequeñas y medianas empresas que hoy se asientan en las regiones.
“Así, en un evidente contrasentido, serán entonces los grupos comunitarios los llamados a realizar labores especializadas y no los ingenieros que son, justamente, los profesionales idóneos para tal fin”, expuso.
Obras fallidas
También, que ante la protuberante falta de competencia en los procesos de contratación con el Estado, queda al descubierto que los proyectos no contarán con la planeación requerida (estudios y diseños). Así, con un deficiente ejercicio de planeación, los recursos destinados a financiar la iniciativa nunca serán suficientes.
“La consecuencia se verá reflejada en obras inconclusas y con muy bajos estándares de calidad”, señaló.
Muerte de las pymes de ingeniería
La consecuencia que acarrea la aprobación en el PND de los artículos en discusión, puntualizó la CCI, bien podría resumirse con una frase lapidaria: el fin de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería del país.
Según el mismo, el enfoque erróneo de los mencionados artículos estimula, en síntesis, la mediocridad técnica, e incluso el fracaso de las obras, pero además tira por la borda la conquista histórica de los pliegos-tipo (Ley 1882 de 2018), que evita las licitaciones amañadas y propende por la pluralidad de oferentes en las mismas.
Este es el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”:
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