Procuraduría investigará a Jorge Iván Ospina y otros tres alcaldes por hacinamiento en cárceles

En la tarde del jueves 27 de abril la Procuraduría General de la Nación anunció más investigaciones por los problemas de hacinamiento que atraviesan buena parte de las cárceles en Colombia.

Concretamente, la entidad dirigida por Margarita Cabello dio a conocer la apertura de indagaciones contra los alcaldes de Cali (Jorge Iván Ospina), Ibagué (Andrés Fabián Hurtado), Valledupar (Mello Castro) y Riohacha (José Ramiro Bermúdez) por presuntas omisiones para mitigar la crisis en los centros penitenciarios de sus ciudades.

Al respecto, Cabello Blanco explicó que el hacinamiento en la capital de Tolima es superior al 700%, y dijo sobre las pesquisas que “ya es hora de irnos por la actuación disciplinaria cuando lo preventivo no ha tenido resultados en estas cuatro ciudades”. Estas investigaciones se suman a la anunciada contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y el secretario de Gobierno, Felipe Ángel, por la misma problemática que se viven en las cárceles La Modelo, la Picota, el Buen Pastor, las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las estaciones de Policía.

De acuerdo con el organismo de control, estas averiguaciones fueron iniciadas con base en un informe entregado por la delegada para la protección de los derechos humanos que incluyó varias visitas a los centros penitenciarios de las capitales mencionadas por la procuradora.

Concretamente, la entidad anunció la investigación contra el mandatario local de Ibagué porque se halló que los centros transitorios de detención registraron, para el miércoles 8 de marzo, una ocupación de 512 personas privadas de la libertad (PPL), lo cual representa un nivel de hacinamiento del 731%, pues la capacidad máxima de esos lugares es de máximo 70 detenidos. Sumado a eso, se encontró que en la Estación de Policía Permanente Central permanecían 372 personas en malas condiciones de salud y seguridad.

Por otra parte, la investigación contra Ospina se argumenta en la ocupación del 477% solo en las estaciones de Policía. “Además, se detectó que las PPL enfrentan problemas para recibir sus alimentos, así como presentan enfermedades en la piel y tienen dificultades para recibir sus visitas”. En Riohacha, la pesquisa sobre el mandatario de Riohacha fue por la detección de un hacinamiento del 242%, pues si bien los sitos de detención transitoria de la ciudad cuentan con solo 50 cupos, también para el 8 de marzo estaban allí 121 personas.

Sobre Mello Castro González, la investigación recayó por encontrar cifras de hacinamiento más grave que en las demás ciudades indagadas: según el estudio del ministerio público, la sobrepoblación carcelaria en la estación de Policía La Permanente alcanza el 930%, pues hay 558 PPL cuando tiene una capacidad máxima para 60 personas.

Además, denunció que este sitio no cuenta con los espacios adecuados para recibir visitas y, sumado a eso, los agentes tienen que prestar sus celulares y compartir datos móviles para que los presos ingresen a las audiencias virtuales.

En ese sentido, la Procuraduría solicitó a los alcaldes investigados dar a conocer las medidas que cada uno ha adoptado desde el inicio de sus mandatos para hacerle frente a esta problemática, “así como señalar los compromisos adquiridos y el grado de cumplimiento”, agregó.

Estos funcionarios podrán ser escuchados en versión libre y a partir de sus declaraciones, la entidad determinará si han cumplido con sus obligaciones legales que tienen sobre sus ciudades con respecto a organizar, administrar, vigilar, dirigir, sostener y hasta crear las cárceles y centros de detención preventiva a través de mecanismos como la asignación de recursos.