El senador Jota Pe Hernández denunció el jueves 13 de abril presuntas irregularidades en el Congreso de la República, por un convenio entre la empresa Dicitec y la Dirección Administrativa del Senado para operar el Canal del Congreso.
A raíz de dicha denuncia, la Procuraduría General de la Nación informó que abrió una indagación previa contra senadores de la República por determinar, y funcionarios de la Dirección Administrativa y Financiera del Congreso, para establecer las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la celebración de varios convenios interadministrativos suscritos con la empresa Dicitec S.E.M. S.A.S.
Concretamente, la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público señaló que se investigarán las denuncias del senador Jota Pe Hernández:
De igual manera, el órgano de control puntualizó que validará la información de los convenios en aras de esclarecer las razones por las que se recibieron ofertas de manera extemporánea, la existencia de documentos sin certificación de cumplimiento a los que se les dio trámite y la justificación para subcontratar, entre otras.
Según las denuncias realizadas por Jota Pe Hernández, el convenio entre Dicitec y la Dirección Administrativa del Senado es, según indicó, por más de 8.000 millones de pesos. “Es importante tener en cuenta que aparte de este convenio ya se había firmado uno con anterioridad con la misma compañía por un monto de 2.100 millones”, aclaró el congresista.
Asimismo, Jota Pe afirmó que Dicitec habría subcontratado por 4.000 millones de pesos a Espejo Público, cuya accionista sería Valeria Uribe, hija de John Jairo Uribe productor del Canal del Congreso, a quien Hernández señaló como persona cercana a Roy Barreras, presidente del Senado.
Ante esto, Roy Barreras se refirió a lo que calificó como un “ataque sistemático y calumnioso” y dijo que los presidentes del legislativo no contratan, pues señaló que esa es función de la Dirección Administrativa del Senado.
Pero no lo fue lo único, Barreras anunció que iniciará acciones penales y disciplinarias en contra del senador Jota Pe Hernández.
Por su parte, Jota Pe Hernández anunció que las pruebas, que fueron recolectadas por su equipo de trabajo, ya fueron entregadas a la Fiscalía General de la Nación, estas incluirían audios, chats, fotos y videos, “además de que las víctimas ya han interpuesto una demanda en contra de Jhon Uribe”, dijo.
Ante esta realidad, el Ministerio Público sostuvo que es necesario despejar la duda acerca de quién o quiénes podrían ser los servidores comprometidos “en las conductas objeto de averiguación”, por lo que solicito practicar pruebas conducentes a la identificación e individualización de estos.
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