Armas que le prestó el Estado a “Ñeñe Hernández” no aparecen: había pedido protección por amenazas en su contra

A través de sus redes sociales, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, compartió una publicación de la revista Raya, en apoyo de la Liga Contra el Silencio, en la que se habla de cómo el Estado, supuestamente, le había prestado armas a José Guillermo Hernández, Ñeñe Hernández, para que este se defendiera en medio de la ejecución de sus actividades ilegales.

Según expone el texto, realizado por Edinson Arley Bolaños, gracias al acceso que tuvo la revista a 23 carpetas, se supo que 339 armas que están en poder de ganaderos, comerciantes y empresarios de la seguridad no han sido devueltas al Estado, aún y cuando ya están vencidos los permisos de tenencia de las mismas. Esto se evidencia en una lista de 23 empresas enviada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a la Fiscalía General de la Nación en noviembre de 2022.

Dentro de esas empresas está Inversiones Hernández López S. En C., compañía que recibió, en mayo del 2015, una licencia para la operación de un departamento de seguridad en Valledupar. Esto le permitiría a aquella asociación proteger a José Guillermo Hernández, alias ‘Ñeñe’ Hernández, doce integrantes de su familia y a sus socios. Es de destacar que este tipo de acciones fueron permitidas tras el nacimiento del Decreto 356 de 1994, en el que se estableció que empresas pudieran gestionar su seguridad con armas e instituciones del Estado en caso de ser víctimas de acciones en contra de su bienestar por parte de grupos armados al margen de la ley.

Es de destacar que Hernández, en el año 2011, denunció ser víctima de dos atentados. El primero, en agosto de ese año, cuando alegó que la casa de su mamá había intentado ser incinerada. El segundo ocurrió en noviembre, cuando, según él, alguien estalló una granada en la casa su madre. De acuerdo con lo que reveló, los ataques eran consecuentes a sus respuestas negativas a la organización criminal Los Rastrojos. Esta banda delincuencial le pedía que pagara una supuesta deuda que tenía con sus integrantes.

“Me abordó el comandante o líder de Los Rastrojos, quien se hacía llamar Harold, quien físicamente es de estatura 1.75, trigueño, de 40 años y acento caleño. En la conversación él me dijo que tenía que pagarles la plata a ellos, la plata que le debía al señor Carlos Rodríguez. Como yo le decía que no le debía, él llamó al celular de Carlos Rodríguez y en mi presencia escuché cuando le decía a Harold que sí, que yo sí le debía el dinero a él y que tenía que pagarles el dinero como diera lugar”, relató en la denuncia que presentó a las autoridades.

Gracias a esa normativa, Hernández logró acceder a un departamento de seguridad que estaba conformado por 20 hombres armados, dos con subametralladoras Uzi, pistolas 9 milímetros y tres pistolas autorizadas por Departamento de Control. Es de destacar que esto ocurrió ante de que se conociera la existencia de los supuestos nexos con el narcotráfico que se le adjudicaron al ganadero. Para su defensa personal, además, se le entregaron cuatro camperos Toyota blindados, seis radios de comunicación y 16 celulares.

Tal y como pudo establecer la revista Raya, desde la Superintendencia de Vigilancia se aceptó que no es certero saber el uso que se le están dando a armas entregadas y que hoy están en manos de civiles. El coronel Miguel Ángel Gracia, director del Departamento de Control y Comercio de Armas, comentó a ese medio de comunicación: “Que yo tenga un medio coercitivo para poderle decir a una empresa que no le dieron su licencia que me devuelva las armas, no lo tengo”.

Ahora bien, según denuncia la revista, aunque la licencia del departamento de seguridad de Hernández fue cancelada en mayo de 2018, un año antes de que el hombre fuera asesinado en Brasil, las armas no han sido devueltas a la administración colombiana. Así mismo, se recalca que quien aparece como jefe de seguridad del departamento es Dorian de Jesús Coquies Maestre, alcalde (encargado) de la localidad de Usme, en Bogotá. “Los responsables de devolver las armas son los herederos de este señor”, comentó al ser cuestionado por el tema. En eso coincide el coronel Garcia, quien detalla que es el representante legal de Inversiones Hernández López, es decir, Ñeñe.

Coquies Maestre, dice el artículo, intercedió para que a Hernández se le entregaran recursos para proteger su seguridad. Las gestiones del abogado se adelantaron entre junio y agosto de 2014. En 2015, finalmente, Coquies recibió la licencia, aprobación de armas y escoltas para el departamento de seguridad.

Paralelo a ello, la Fiscalía adelantaba una investigación por el homicidio de Óscar Rodríguez Pomar, hijo del sastre y prestamista Carlos Eduardo Rodríguez. El nombre de Hernández terminó salpicado en el caso luego de que los sicarios encargados de ejecutar al hombre aseguraran que Ñeñe había sido el autor intelectual del crimen. Él habría recolectado y pagado 200 millones por la muerte de sastre, sin embargo, al ser confundido por su hijo, fue este último el que terminó perdiendo la vida de manera violenta. Hernández, supuestamente, le debía 2.000 millones de pesos al sastre.

El equipo que defendía a Hernández aumentó en 2016, cuando se solicitó para Ñeñe más hombres de vigilancia para cuidar a su hermano, José Gregorio Hernández y a Rafael Eduardo Hinojosa Meneses. El grupo de escoltas pasó de 15 a 20, entonces. Todo esto habría sido gestionado por el abogado Coquies, quien en 2017 negó ser el responsable de devolver las armas asignadas al esquema. En 2018 la Superintendencia aseguró que Hernández no logró demostrar que estaba en riesgo para recibir seguridad, por lo que en 2019 la licencia es cancelada.

“En Colombia no hay un control real y dado la corrupción que existe en el país, no es muy difícil que esas armas sean utilizadas de otra manera o que por corrupción terminan en las manos de quienes no deberían terminar. El ejemplo perfecto sucedió durante el reciente estallido social, en donde miramos a la Policía directamente dándoles las armas a civiles para responder a los manifestantes”, dijo Gimena Sánchez, directora de los Andes de la organización Wola (Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos), a la revista Raya.