Tres generales de la Policía y el Ejército tendrán que responder ante la Fiscalía por presuntas omisiones en el secuestro de uniformados en el Caguán

A comienzo del mes de marzo, un episodio de orden público dentro del paro minero dejó como resultado dos personas muertas, un policía y un campesino, además de más de 70 personas secuestradas en San José del Caguán, Caquetá. El hecho, que desde el Gobierno fue llamado inicialmente como un cerco humanitario, ha sido reconocido por otras entidades como presunto secuestro, es por eso que se han levantado investigaciones sobre el caso.

En la que anunció la Fiscalía General de la Nación ya hay avances, uno de esos fue comentado por el mismo Francisco Barbosa, que aseguró que como parte del proceso serán llamados tres generales de la Policía y el Ejército, esto debido a que habrían caído en presuntas omisiones, es decir, serían los responsables de que los uniformados secuestrados no hubieran recibido apoyo para evitar pasar por esta situación.

El pronunciamiento que hizo el fiscal general mediante Noticias Caracol señaló dos líneas de investigación, donde se verá el tema de los asesinatos que ocurrieron y si se hubiera podido evitar la situación con una respuesta más efectiva por parte de las autoridades:

Y sobre la segunda línea mencionó que se llamaran a más uniformados a declarar, teniendo en cuenta que en esta situación convergieron varios actores y que se debe hacer una recolección exhaustiva:

Asimismo, señalo que se deberá abrir una tercera línea de investigación y que el ente se encuentra haciendo todo lo posible por darle pronta respuesta al país sobre lo que paso: “Nosotros tenemos que actuar frente a esta situación de una manera muy contundente y por eso también se adelanta una investigación por los daños que se generaron al interior de las instalaciones, luego tenemos tres líneas investigativas y pronto le daremos resultados al país”.

Barbosa ya se había referido a este tema hace un tiempo atrás, haciendo énfasis en que tanto el Gobierno como la policía no atendieron la situación de forma eficiente y rápida que posiblemente se habría podido evitar. Además, que de ser así habían incumplido con su mandato constitucional.

“Pues tendrán que responderle a la Fiscalía con apoderado, seguramente en interrogatorios y mostrar que ellos tienen que cumplir un deber constitucional. Ojo, el deber constitucional está en la Constitución Política, no existe ninguna norma de inferior nivel a la Constitución Política que pueda llevar a que un militar incumpla con sus deberes constitucionales y legales”, puntualizó el fiscal general, como lo citó la revista Semana.

Además, en esa misma entrevista dijo que esta situación es preocupante, pues no se puede permitir que a la institución que mora por la seguridad le pasen este tipo de actos de violencia: “No podemos permitir que existan hoy ni acciones de violencia contra los miembros de la Fuerza Pública ni acciones omisivas del alto mando en caso de que se presenten hechos criminales. Por eso tenemos todos los equipos y es una tarea que le he encomendado a la señora vicefiscal general de la Nación”.

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