Empresas detrás del lujoso jet de la Policía están relacionadas con numerosos y millonarios contratos en Arauca

El nombre que vincula a las múltiples empresas es de un contratista que pasó de trabajar en obras de infraestructura hasta proveer alimentación escolar y negociar aeronaves de lujo

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Aviones comprados por la Policía
Aviones comprados por la Policía

Juan Carlos Manosalva Carvajal es un nombre recurrente en la contratación pública del departamento de Arauca desde hace más de una década. Su nombre apareció en el contrato de compra de los lujosos aviones de la Policía y en la investigación ha ido apareciendo relacionado con una red de numerosas contrataciones en el país.

Manosalva es conocido como el zar de la contratación en Arauca. Tal así que, según reveló Cambio, estaría relacionado con hasta 435 personas en operaciones comerciales de contratación pública de diferentes objetos, desde la compra de los aviones de la Policía hasta el Plan de Alimentación Escolar y la ejecución de recursos de la paz.

El representante legal de la empresa con mayor participación en el consorcio Alas Colombia (Emsa, 95%) que vendió los aviones ATR 42 por 12,5 millones de dólares es el sobrino de la exesposa de Manosalva, Pablo Andrés Rojas Castellanos. Él, un joven sin experiencia, es a su vez representante de Inversiones para la Vida Invida Ltda., que tiene la ejecución de un contrato del PAE y hace la interventoría de Unión Temporal Naranjas que ejecuta recursos del Ocad Paz, según la revista citada.

Esa unión temporal es además conformada por Ingeambicol que es la de mayor participación en el consorcio que vendió a la Policía el lujoso jet Embraer Legacy 600, que hace parte de la investigación de la Contraloría, por presunto detrimento patrimonial. La representante legal de esta empresa, según Caracol Radio, es Sharon Gianina Moreno, quien a su vez sería la representante legal de Unión Temporal Naranjas.

Aviones comprados por la Policía
Aviones comprados por la Policía

José Aristóbulo Moreno Maldonado es revisor fiscal de cuatro compañías de esa unión temporal y a su vez de Ingeambicol en otros contratos que tiene la empresa. Esta buscó participar en un cuestionado proceso, a través de un consorcio, para quedarse con el PAE de Cúcuta en 2019.

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, según señaló su jefe Andrés Idárraga a Cambio, ya ha identificado las relaciones de contratistas en varios consorcios y uniones temporales. Por ejemplo, Ingeambicol habría hecho parte de al menos 40 de esas asociaciones para ejecutar diversos contratos y, aún así, habría poco registro de sus socios.

Manosalva, quien estaría detrás de esas maniobras para adquirir contratos, también tiene sanciones fiscales por incumplimientos de otros contratos. Estaría relacionado con la construcción del Puerto Fluvial de Barrancabermeja, el Centro de Rehabilitación Funcional del Batallón de Sanidad (Basan) y el Batallón Especial Energético y Vial de Puerto Jordán, todos en procesos de responsabilidad fiscal en la Contraloría por, sumados, más de 72 mil millones de pesos.

Las alertas en estas relaciones de nombres entre empresas con contratos en el departamento de Arauca alertan sobre la constitución de un cartel de la contratación en ese departamento. Por esa razón se analizan las relaciones, las sanciones existentes contra esas compañías, así como la experiencia y los procesos que terminaron por adjudicar los proyectos.

Manosalva Carvajal por su parte aparece en numerosos contratos del departamento con diferentes objetos contractuales. Por ejemplo, en el 2013 aparece como representante legal del consorcio Vía al Monumento al Coleo para labores de mantenimiento de la carretera al aeropuerto. Al parecer, este habría terminado al año siguiente en una multa por incumplimiento.

En el 2018 vuelve a aparecer su nombre en otro contrato para la construcción y mejoramiento de vías urbanas en el municipio de Arauca, por hasta 5 mil millones de pesos, como representante de la compañía Kambiar Coombia SAS. Así ha pasado de contratar en infraestructura a estar tras otros negocios, incluso, la venta de aviones o la implementación de proyectos de paz que generan suspicacia de los entes de control en un mismo contratista.