Procuraduría pidió información sobre acciones para proteger a los firmantes de paz amenazados por las disidencias

Después de las denuncias del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) que aseguró que más de 200 familias de excombatientes de las Farc, entre los que se encuentran 86 mujeres y alrededor de 80 niños y niñas del Meta, tuvieran que huir por amenazas de disidentes de la antigua guerrilla, las alertas sobre la implementación del Acuerdo de Paz se prendieron.

El líder del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, aseguró que los firmantes de paz han sido amedrentados por el Estado Mayor Central:

Ante dicha situación, la Procuraduría General requirió información a la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) sobre las acciones implementadas para garantizar los derechos de los firmantes del Acuerdo de Paz que habitan en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Mesetas.

Por medio de un comunicado, el Ministerio Público resaltó la importancia de que los firmantes del Acuerdo cuenten con el apoyo institucional y “se briden respuestas efectivas para garantizar su seguridad de manera integral, tanto en la parte interna como externa de los ETCR”.

Durante el periodo de octubre de 2022 hasta marzo de 2023, la Red de Derechos Humanos Albeiro Suárez y el Consejo Nacional de Reincorporación han contabilizado 12 hechos victimizantes graves a la población firmante de paz en la Región Oriente, que comprende los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Guainía, Meta, Vaupés y Vichada.

Por ejemplo, en la noche del 17 de octubre de 2022, en Villavicencio, Luz Marina Giraldo, firmante de paz, activista por los derechos humanos y excandidata al Concejo de Mesetas y al Senado de la República por el Partido Comunes, fue víctima de un atentado con armas de fuego a su esquema de protección y en su vivienda.

En otro caso, el 23 de noviembre de 2022, Marco Fidel Suárez, firmante de paz, junto con su familia y su esquema de seguridad, fueron interceptados por hombres armados en la vereda Buenavista, del municipio de San Juan de Arama (Meta). Les hurtaron sus pertenencias, como la dotación de los escoltas, y, además, Marco Fidel Suárez y uno de sus escoltas fueron retenidos por algunas horas.

Ya en 2023 Marlon Eduardo Mejía Vargas, firmante de paz y víctima de desplazamiento, fue asesinado el 28 de febrero en Tame, Arauca. En los hechos, su madre y su hijo de 2 años resultaron heridos. Marlon habría solicitado medidas de protección que nunca fueron implementadas.

Uno de los hechos más recientes se presentó el 27 de febrero. Ese día se perdió el contacto de la firmante de paz Nancy Ariza Ortiz. El 3 de marzo su teléfono se encendió por cortos períodos, se evidenció la lectura de los mensajes, pero no la respuesta, de acuerdo con el CNR:

Ante esta situación, desde el Consejo Nacional de Reincorporación le pidieron al Estado colombiano proteger la vida de hombres y mujeres que “decidieron, con determinación y compromiso, transitar a la vida civil y ser agentes constructores de paz y eso, hasta el momento, no ha sido un fenómeno merecedor de la acción gubernamental”.

En el mismo sentido, el sábado 25 de marzo, la Procuraduría General le solicitó a la ARN indicar qué acciones tiene previstas para garantizar el traslado de los firmantes de paz que se encontraban en el ETCR de Mesetas, así como para proteger los enseres, maquinaria y equipos utilizados en los proyectos productivos que desarrollaban en ese espacio.

Finalmente, el órgano de control indicó que continúa haciendo un seguimiento a la búsqueda de tierras a fin de encontrar un predio que cumpla con las expectativas de traslado del colectivo de firmantes de paz.