Avanza el proceso para elegir a los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia: figuras de alto perfil en la puja

El proceso para renovar parcialmente la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia entró en una nueva fase con la inscripción de aspirantes ante el Consejo Superior de la Judicatura.

Alrededor de 450 personas se inscribieron para competir por cinco cargos de magistradas y magistrados, en una de las instancias más relevantes de la Rama Judicial.

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La convocatoria busca llenar las vacantes dejadas por la magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez y los magistrados Héctor Javier Alarcón Granobles, Francisco Javier Farfán Molina, César Augusto Reyes Medina y Marco Antonio Rueda Soto. Esta renovación ha generado expectativa debido a la naturaleza de los procesos que adelanta esta Sala, entre ellos investigaciones contra congresistas y excongresistas.

Entre los aspirantes figuran nombres de alto perfil en el ámbito judicial y político. Uno de ellos es el juez Hugo Carbonó, que actualmente lleva la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro. También aparece la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, integrante del Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Acusación.

Convocatoria, requisitos y etapas del proceso

El Consejo Superior de la Judicatura formalizó la apertura del proceso mediante un aviso público en el que detalló las condiciones de participación. En el documento, la entidad explicó que la convocatoria estaba dirigida a quienes cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución Política y la ley.

El proceso de inscripción se realizó a través de la plataforma habilitada para el registro de aspirantes y la carga de documentos. Allí, los postulantes debieron adjuntar en formato PDF la documentación que acredita su formación académica, experiencia profesional y demás requisitos legales.

Además, se exigió una declaración actualizada en la que cada aspirante certifique no estar incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad. El Consejo también indicó que únicamente se tendrán en cuenta las hojas de vida cargadas en este sistema.

De acuerdo con la información oficial, el proceso contempla varias etapas que incluyen la publicación de inscritos, observaciones ciudadanas, preselección y conformación de listas finales. Estas listas serán remitidas para la elección definitiva, prevista para agosto de 2026.

El cronograma divulgado establece fases sucesivas que permiten la revisión de perfiles y la participación de la ciudadanía mediante comentarios u observaciones sobre los candidatos. Posteriormente, se elaborarán listas que incluirán tanto listas exclusivas de mujeres como listas mixtas, con el objetivo de garantizar la paridad de género en la conformación final.

Una sala clave en la investigación de aforados

La Sala Especial de Instrucción fue creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2018, con el objetivo de asumir la investigación penal de los congresistas y excongresistas. Esta instancia tiene competencia para adelantar procesos por delitos relacionados con el ejercicio de funciones parlamentarias.

Su función principal es investigar y, si hay mérito, acusar a los aforados ante la Sala Especial de Primera Instancia, encargada de juzgar los casos. Este diseño institucional responde al fuero constitucional que protege a los congresistas, quienes solo pueden ser investigados por la Corte Suprema de Justicia y no por la Fiscalía General de la Nación.

Actualmente, la Sala está conformada por seis magistrados, que conforman esta normativa, tienen facultades para practicar pruebas, ordenar medidas que pueden afectar derechos fundamentales y adelantar procesos en única instancia, cuyas decisiones son inapelables.

Además de su rol investigativo, en ciertos casos los magistrados pueden actuar como conciliadores en delitos querellables. No obstante, no participan en decisiones administrativas ni electorales de la Corte Suprema, ni hacen parte de la Sala Plena.

Con la inscripción de aspirantes, el proceso entra en una etapa de análisis y depuración de perfiles, en medio de una competencia que reúne a centenares de juristas, funcionarios judiciales y figuras públicas interesadas en integrar una de las instancias más relevantes del sistema judicial colombiano.