La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que aceptó el sometimiento de cuatro exoficiales del Gaula Militar por sus presuntas responsabilidades en casos de ‘falsos positivos’ ocurridos entre 2006 y 2008 en el departamento de Tolima.
Los beneficiarios por la decisión de la justicia de paz fueron: el mayor (r) José Wilson Camargo Arévalo, el teniente William Eduardo López Pico, el sargento primero Carlos Arturo Malte Pérez y el soldado profesional Duberney Lugo, antiguos miembros del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula Militar Tolima), adscrito a la Sexta Brigada.
De acuerdo con la JEP, los investigados habrían realizado las operaciones ilegales entre el 5 de noviembre de 2006 y el 24 de mayo de 2008. Las mismas, según el tribunal, contaron con el apoyo de la Regional de Inteligencia Militar del Ejército Nacional (Rime), a la cual pertenecía el mayor José Wilson Camargo Arévalo.
Asimismo, habrían contado con el apoyo de funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre los que se encontraba el detective Giovanny Calderón Salazar.
Con el sometimiento a la JEP a los oficiales se les exigió que hagan un reajuste de las propuestas de aporte de verdad y reparación, pues las presentadas hasta ahora, no satisfacen los derechos de las víctimas.
Por ahora, se tiene el registro de 14 víctimas de falsos positivos cometidos por José Wilson Camargo Arévalo, William Eduardo López Pico, Carlos Arturo Malte Pérez y Duberney Lugo.
Ellos son: Carlos Augusto Villanueva Arcila, Hernando de Jesús Pérez Patiño, Cristian Camilo Rojas Morales, Heliodoro Parada Urueña, Alexander Jaramillo Quitora, Armel Ramírez Lozano, Jeison Méndez Zorro, Rubén Fernando Sánchez Morales, Dorancé Enciso Molina, Marco Antonio Quiroga, Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago, Jesús Alirio Lloreda Machado, Alexander Jiménez Gallego y Luis Alfonso Jiménez Gallego.
Los exmiembros del Gaula Militar habrían alterado la escena del crimen para dar apariencia de legalidad a los operativos militares, además, dejado armas y material de intendencia en los cuerpos de las víctimas, quienes fueron reportadas como integrantes de grupos armados ilegales y, en algunos casos, les habrían ocultado o destruido sus documentos de identificación para impedir su reconocimiento.
Adicionalmente, los cuatro agentes habrían presentado documentación operacional fraudulenta y dado declaraciones falsas ante la Justicia Penal Militar, con la finalidad de desviar las investigaciones por estos sucesos.
Ahora, el caso de los oficiales seguirá bajo un mismo expediente, pues tienen nexos estrechos en las conductas y presentan un modo de operar similar.
Por ejemplo, señaló la JEP, se evidenció que los integrantes del Gaula Militar de Tolima habrían usado información de inteligencia, aportada por la Rime y el DAS, para capturar civiles y personas protegidas por el DIH que, posteriormente, fueron asesinadas y presentadas como resultados de “operaciones antiextorsión”.
El conflicto armado en Tolima se centró, principalmente, en la zona suroccidental. Un estudio de organizaciones sociales como el Observatorio Surcolombiano de derechos humanos, paz y territorio, la Universidad del Tolima y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), señaló que, por lo menos, 86 ejecuciones extrajudiciales se cometieron en este departamento.
Dicho informe enseñó que los crímenes se cometieron en dos periodos: uno comprendido entre 2000 y 2006, cuando se presentaron 20 casos con 32 víctimas, y el otro, entre 2006 y 2013, con 31 casos y 51 víctimas.
Con la aceptación de los oficiales a la justicia de paz, la Sala de Definición de Situaciones Jurídica investigará, no solo las circunstancias en las que fue causada la muerte a las víctimas, sino también, patrones de macrocriminalidad y, en específico, la articulación entre unidades operativas y de inteligencia del Ejército, el DAS y terceros reclutadores en la realización de ejecuciones extrajudiciales.
Después de estudiar los respectivos casos, los magistrados de la Sala pondrán a disposición de los relatores del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
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