El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un fuerte llamado al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Por medio de un comunicado de prensa, el funcionario aseguró que se requieren medidas urgentes en todo el país. Según lo expuesto por la Defensoría del Pueblo, hay una gran preocupación por la disponibilidad de recursos.
Este organismo del Estado divulgó sus cuestionamientos por la falta de disponibilidad de recursos, para garantizar y atender, integralmente, los esquemas de seguridad de los líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos amenazados en el país.
Camargo Assis enfatizó que tanto el Ministerio del Interior como la UNP deben tomar medidas administrativas urgentes, que permitan garantizar la protección necesaria para prevenir el riesgo que corren las personas amenazadas.
“Para la Defensoría del Pueblo, la falta de recursos indica falta de garantías y del pleno goce de los derechos de las personas que deben ser protegidas. Por lo tanto, se requieren acciones urgentes de la UNP en todo el país, porque el Estado no puede poner en riesgo la integridad y la vida de quienes ejercen liderazgos en la defensa de los derechos humanos de las comunidades. No podemos socavar el ejercicio democrático en los territorios.”, afirmó el defensor del Pueblo.
Entre las fallas en los esquemas de seguridad reportadas por la Defensoría del Pueblo se encuentran: daños constantes en los vehículos, demora en el mantenimiento de estos, ausencia de remplazos, cuando se programan las reparaciones.
A las anteriores se suman, retrasos en el pago de los combustibles, asignaciones insuficientes de esos recursos, falta de trámites necesarios para excepción de medidas como el pico y placa para los vehículos inscritos en esquemas de seguridad, lo cual impide la libre circulación de los líderes por el territorio.
Las denuncias fueron presentadas por los líderes a la Defensoría del Pueblo, quienes aseguran estar en condiciones de desprotección y en consecuencia, sometidos a una alta vulnerabilidad, escenario que impide la defensa de los derechos humanos en el país.
El pedido a la UNP es el de tomar medidas urgentes a nivel nacional. La defensoría subrayó que ninguna barrera de orden administrativo puede estar por encima del derecho a la vida, por lo que se deben desarrollar medidas que prevengan el riesgo, contrarresten las amenazas y minimicen las vulnerabilidades de las personas incluidas en los programas de protección.
El 20 de marzo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) afirmó que en lo corrido del 2023 han registrado el asesinato de 31 líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos en el país.
La información explica que cinco personas eran indígenas; siete eran líderes comunales; tres eran campesinos; dos eran líderes de la comunidad LGBTIQ+ y un ciudadano afrodescendiente. Dentro de las demás clasificaciones de ‘calidad’ que expone Indepaz están dos sindicalistas; siete cívicos y uno cultural.
Por otra parte, el Informe Anual de la ONU sobre la situación de derechos humanos en el país, presentado en febrero de 2023, explicó que en 2022 se verificaron 116 homicidios de líderes y lideresas defensores de derechos humanos en las regiones, de los cuales 107 corresponde a hombres y 9 fueron mujeres, en el aspecto étnico y social, 23 víctimas fueron indígenas, 14 afrodescendientes y 52 campesinos.
La comisionada Juliette de Rivero aseguró que el 45% de las víctimas eran integrantes de las juntas de acción comunal. El informe también habla de un aumento en el número de masacres, pues el organismo pudo confirmar 92 masacres en 2022, frente a las 78 personas asesinadas en 2021.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en 2022 más de 82 mil personas fueron desplazadas (82.862) y más de 102 mil personas fueron víctimas de confinamiento (102.395).
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