
El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió sobre las fallas que se están presentando en las EPS que están intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. En conversación con la revista Semana, el funcionario aseguró que las acciones que se han adelantado en las entidades promotoras de salud no están sirviendo para mejorar la prestación de lo servicios; están empeorando la atención de los afiliados.
“Se emitieron advertencias sobre los componentes financieros, jurídicos y técnico-científicos de los indicadores Fénix, que muestran un deterioro progresivo de los mismos durante el periodo de intervención, lo que indica que las medidas adoptadas han generado un deterioro, principalmente de los indicadores financieros que impactan negativamente la operación y afectan a millones de pacientes”, indicó el contralor, en diálogo con el informativo citado.
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De acuerdo con su explicación, a nivel financiero, todas las EPS que están bajo la intervención forzosa administrativa de la Superintendencia –ahora liderada por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle– no cumplen con las cifras mínimas para operar con normalidad, lo que termina comprometiendo la atención de los usuarios. La falta de flujo de los recursos impide la adecuada prestación de servicios por parte de los demás actores del sistema de salud, como las clínicas y hospitales.

La situación más compleja se presenta en la Nueva EPS, que es la más grande del país –11,44 millones de afiliados–. La entidad “no cuenta con estados financieros certificados ni dictaminados correspondientes a las vigencias 2024 y 2025″, precisó el funcionario al medio.
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El presidente Gustavo se pronunció sobre las advertencias expuestas por la Contraloría General de la República, defendiendo las medidas de intervención implementadas durante su administración. Según el primer mandatario, las EPS no intervenidas “están peor” que las que sí lo están y presentan un mayor número de quejas y reclamos por parte de los usuarios. Como ejemplo, mencionó el caso de Colsanitas, que, según detalló, tiene más quejas por parte de los afiliados que la Nueva EPS.
Además, afirmó que uno de los principales problemas del sistema se centra en el papel de intermediarias financieras que cumplen las entidades promotoras de salud, que, desde su perspectiva,“nunca sirvió y no sirve ahora”. De igual manera, indicó que en administraciones anteriores se tomaron decisiones de carácter económico y financiero que hoy repercuten negativamente en el funcionamiento del sistema.
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“Si no se hubiera establecido el subsidio a la gasolina del Fepec y no se hubiera subsidiado con el presupuesto a los dueños privados de las EPS; Colombia sería un país superavitario en su presupuesto y su deuda sería de costo muy bajo”, detalló el jefe de Estado.
Pese al deterioro que evidencian algunas EPS, el presidente informó que se abstuvo de liquidarlas porque esa medida se traduciría en un beneficio para los dueños de las EPS, que no se verían obligados a pagar las billonarias deudas que tienen las entidades con clínicas y hospitales.
Según explicó, prefirió mantener las EPS hasta que el Congreso de la República aprobara el proyecto de reforma a la salud que impulsó, el cual pretende convertir a las EPS en gestoras de salud y vida, descartando por completo su rol como intermediarias financieras. Sin embargo, la iniciativa se hundió dos veces en la Comisión Séptima del Senado. “Ya no se puede esperar al senado. Ya el senador Lidio García Turbay, sigue la línea de Efraín Cepeda y Paloma Valencia”, aseveró.
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En consecuencia, indicó que la reforma será aprobada en una asamblea nacional constituyente y, mientras tanto, su Gobierno se ha enfocado en poner a andar un sistema de salud preventivo, el cual, según aseguró, se ha ido fortaleciendo con la prestación de servicios por parte de 90.000 personas en todo el país.
“El final de mi gobierno acabará con la vagabundería de las EPS, el acaparamiento criminal de medicinas que debe ser asunto de acción policial y de la superintendencia liberada de los corruptos amigos de Fabio Aristizábal,la super debe multar fuertemente por cada cita retardada”, señaló.
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