Comunidad en Bojayá quiere algo más que un acto de perdón por parte del Estado colombiano: “El riesgo está nuevamente advertido”

El 2 de mayo se conmemoraron 24 años de la masacre de Bojayá, en la que más de 200 personas padecieron la explosión de una pipeta de gas cuando se refugiaban de un combate entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Farc-EP en 2002.

Tras la explosión, 102 personas murieron y más de 100 sufrieron heridas de gravedad, lo que años más tarde fue considerado un crimen de lesa humanidad en el que el Estado colombiano tuvo responsabilidad al no proteger a la población civil del conflicto interno.

En el evento mencionado, la Defensoría del Pueblo participó en actividades de dignificación y memoria junto a las comunidades del Chocó. Durante el evento, se realizaron actos culturales, una eucaristía y la siembra de árboles en honor a las víctimas, incluyendo a los 48 menores que murieron tras la explosión.

La Defensoría organizó jornadas de orientación y toma de declaraciones en varios municipios de la región, logrando más de 1.000 atenciones y 70 declaraciones individuales en los primeros días. También se desarrolló un espacio dirigido a 250 jóvenes afrocolombianos e indígenas, enfocado en el diálogo, la reflexión y la construcción de proyectos de vida, mediante un ejercicio pedagógico sobre participación ciudadana y derechos.

En Bojayá piden que la conmemoración no quede solo en palabras

Luego del evento, El Espectador habló con locales en Bojayá, en donde hay indignación porque consideran que el evento podría ser la demostración de que las víctimas no reciben reparación en Colombia.

Hasta el momento no ha sido reprogramado otro evento en el que el Ministerio de Defensa pedirá perdón a la población, puesto que en la fecha programada se registraron lluvias que impidieron que el ministro Pedro Sánchez se pronunciara como representante del Gobierno nacional.

En Bojayá no hay expectativas por esta diligencia, puesto que consideran que el perdón que les ofrece el Estado es diferente al que merecen.

“Que el Estado no llegue después que la muerte”, pidió Leyner Palacios, que fue comisionado de la verdad, perdió a más de 10 familiares en la masacre y considera que el retraso en el acto de perdón es una muestra de que las autoridades llegan tarde a las zonas más afectadas por la violencia.

“Hubo gente que para llegar a este acto hizo recorridos hasta de dos días, subiendo corrientes, bajando peripecias, haciendo de todo, incluso pasando por múltiples retenes de grupos armados ilegales que están presentes en el territorio y eso es una realidad. Y aun así, con todas las dificultades, más de mil personas se congregaron en el lugar y esperaron aproximadamente seis horas a que llegara la comitiva del Gobierno nacional”, reclamó Palacios.

El líder social lamentó que se considere llevar a cabo un acto de perdón y no repetición en una zona en la que existen alertas sobre los riesgos que corren sus habitantes por la presencia de grupos armados.

“Un acto de petición de perdón tiene que abordar una reflexión sobre la continuidad del conflicto y la garantía de no repetición, y ahí en Bojayá hay al menos tres alertas vigentes de la Defensoría del Pueblo sobre que el riesgo está nuevamente advertido y el Estado colombiano no está atendiendo eso. Además, se siente que hay una fragmentación estatal, de la institucionalidad”.

Sin que exista una fecha para el evento que será encabezado por el Ministerio de Defensa, la comunidad pide que se dejen de utilizar elementos de la tragedia solo para reconocerlos en algunos momentos.

De la misma forma, exigen que en evento se nombren las omisiones por las que no se registró ningún tipo de protección a la población, que se mantuvo bajo un abandono estatal en ese momento antes, durante y después de la masacre.