
En el mes de marzo de 2022 tuvo lugar la demolición de una casa en Pereira, en el departamento de Risaralda, como parte de un operativo de la Policía Nacional que señalaba que el sitio era una “olla de vicio”. Los dueños del lugar, sin embargo, defendieron que no se trataba de aquello.
El operativo, como parte del programa del Ministerio de Defensa contra la lucha del microtráfico, fue ordenado por Diego Molano, el exministro a cargo, quien recibió las denuncias de los dueños del inmueble, que decían que no existía ningún expendio de drogas y no se les había presentado una orden formal de derribamiento.
Tras la demolición, los dueños de la vivienda salieron a protestar para que se les diera una respuesta ante lo que consideraron como una grave falta por parte de los miembros de la Policía. En su momento, argumentaron que lo que había era una orden para derribar el inmueble, bajo el argumento de amenaza de ruinas. Desconocían las acusaciones por las cuales terminó derribándose su vivienda: la relacionaban con la venta de drogas.
Un año después, dichos miembros de la Policía han sido capturados, entre ellos, el coronel Carlos Andrés García Suárez, comandante de la Policía de Cúcuta y el mayor César Alfonso Bohórquez Salcedo.
Estos hombres fueron detenidos por las presuntas irregularidades en el operativo. Junto a los ya mencionados, el mayor Wilmer Delgado Herrera, el comandante Héctor Julián Botero Sánchez, el teniente Jarrixon Peralta Sánchez y el subintendente Rutber Vega Ramírez, también se encuentran a la espera de la resolución del proceso por parte del juez 167 de instrucción penal militar y policial.
A través de un comunicado, las autoridades señalaron que esta no fue una orden expedida por la justicia ordinaria, sino por la justicia penal militar, que acusa a los seis oficiales de, al menos, cinco delitos: falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, abuso de autoridad, prevaricato por omisión y destrucción y/u ocultamiento.
La investigación que condujo a la captura se denominó ‘Operación Perla’, y se inició el 1 de abril de 2022, teniendo en cuenta compulsa una serie de copias del juzgamiento No. 6 de control interno de la Policía Metropolitana de Pereira. En estas se revelaba información sobre las presuntas irregularidades cometidas por personal adscrito a la Dijín y la Sijín Meper.
Entretanto, la captura se da luego de que el exministro Molano, cuando aún estaba en ejercicio, se reuniera con la Secretaria de Gobierno de Pereira y la Policía Metropolitana, en un evento que se denominó ‘Plan 1000′, que buscaba hacerle frente al microtráfico.
Durante 2022, la iniciativa consiguió la ejecución de 82 operaciones de gran impacto, 849 capturas, 68 incautaciones de armas de fuego, 136 celulares recuperados, 14 vehículos, 7,1 toneladas de marihuana, 676 kilos de cloro hidrato de cocaína, 13,5 kilos de bazuco, 46,2 kilos de base de coca, 4962 pastillas de droga sintética y más de 82 millones de pesos en efectivo, además de la erradicación de 160 expendios físicos.
En la última semana, se ha dado, dicho sea de paso, una oleada de renuncias al interior de la Fuerza Pública colombiana, que ha despertado el desconcierto sobre lo que está pasando con las autoridades en los niveles más altos de su organización.
El viernes 17 de marzo, se conoció el retiro de 23 oficiales del Ejército que se encontraban activos, mediante la resolución 0778 del Ministerio de Defensa. A ellos se sumaron 23 tenientes coroneles que pidieron la baja, según la circular 2023305000523121. Asimismo, 43 suboficiales del Ejército pidieron su retiro voluntario de la institución.
En cuanto a la Policía Nacional de acuerdo con la resolución 0664 del Ministerio de Defensa, 32 oficiales se retiraron de manera voluntaria, entre ellos 15 mayores.
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