Aída Merlano reconoció sus errores, pero pidió a la justicia colombiana que investigue a los clanes

La excongresista fue condenada a 5 años y 6 meses de prisión por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, además de una multa de 3.430 millones de pesos, cifra equivalente al valor con el cual violó esta ley. Además, fue condenada a 11 años y cuatro meses de cárcel por el delito de compra de votos.

Sobre el primer delito, el artículo 396B, que es adicionado por el artículo 15 de la Ley 1864 de 2017, dicta lo siguiente, “el que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”, menciona la legislación.

Además, confirma la razón por la cual se le aplicó la multa superior a los 3 mil millones de pesos, el mismo artículo cita lo siguiente, “multa correspondiente al mismo valor de lo excedido e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo”, menciona la Ley.

Sobre estos delitos, la exsenadora reconoció que cometió errores y que en su regreso a Colombia asumirá lo que dicte la ley, aunque seguirá defendiéndose.

Sin embargo, pidió que se adelanten las investigaciones correspondientes a los que —según ella— también fueron cómplices, entre ellos Alejandro Char, hijo de Fuad que aspiraba a la Alcaldía de Barranquilla en esa campaña.

En el momento en que se dictó su condena, las autoridades judiciales encontraron elementos de evidencia que la implican a ella y posiblemente a los hermanos Julio Eduardo y Mauricio Antonio Gerlein Echeverría.

Esto debido a que entre enero y abril de 2018 se giraron cheques que beneficiaron a la campaña de Merlano por un valor aproximado de 1.800 millones de pesos a nombre de este clan.

Además de los delitos mencionados, la exsenadora deberá responder ante la ley por el delito de fuga, la cual se dio el 1 de octubre de 2019 cuando asistió a una cita odontológica y logró escaparse por una ventana.

Sobre este delito también estarían implicados los Char, ya que Aída declaró que recibió su ayuda para poder escapar. Por este delito podría recibir seis años de cárcel.

La Corte Suprema le negó la detención domiciliaria y, por lo tanto, debería ir a una cárcel ordinaria, de hecho ya se confirmó que tras su llegada a Bogotá será trasladada a la cárcel El Buen Pastor.

Con su presencia en Colombia, las autoridades judiciales podrán continuar con las investigaciones contra el clan Gerlein, situación que podría aprovechar la misma Merlano que por colaborar con la justicia podría recibir algunos beneficios, entre ellos, la reducción de penas o inclusive la excarcelación.

Aída será defendida por el abogado Miguel Ángel del Río Malo y anunció su intención de testificar presencialmente contra sus antiguos aliados políticos, “seguiré dando la batalla hasta demostrar la inocencia en los montajes de los que fui víctima por parte de un clan político mafioso de la costa caribe”, aseguró.

El Gobierno nacional, por medio del ministro de Justicia, Néstor Osuna, le notificó a la exsenadora deportada que se le ofrecerán todas las garantías para que declare en el proceso judicial.

“A la señora Merlano se le respetarán todas sus garantías procesales, se respetará, por supuesto, su vida, y será tratada con dignidad. Ella será conducida al establecimiento penitenciario correspondiente, porque ella tiene una condena vigente, una orden de captura vigente”, afirmó el jefe de la cartera de Justicia en Colombia.