La Cancillería de Colombia respondió el 23 de febrero a los “dictatoriales procederes” de Nicaragua tras retirarle la nacionalidad a 317 personas. De acuerdo con el comunicado, el presidente Gustavo Petro repudió la situación e hizo un llamado al Comité Internacional de la Cruz Roja (Circ) de solicitar autorización para visitar a los detenidos.
“Colombia llama al mundo entero a que reaccione”, manifestó la Cancillería. Por el momento, las acciones más rápidas se las pidió a la presidenta del Circ, Mirjana Spiljaric, para que “solicite autorización para visitar a los que siguen detenidos”. El Gobierno colombiano hizo énfasis en que esas personas son víctimas y el “Derecho Internacional Humanitario (DIH) los cobija”.
En el documento se resaltaron los intentos de las últimas décadas por alcanzar la paz en el territorio colombiano, “mucho más ahora que se propone ser potencia mundial de la vida”. Teniendo en cuenta eso, la administración de Gustavo Petro decidió rechazar las acciones de Nicaragua e incluso recordó la dictadura que vivió ese país.
Las medidas arbitrarias que señaló Colombia
El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que en las últimas semanas han “exiliado de manera sorpresiva e inhumana a conciudadanos suyos, algunos reconocidos por sus luchas por la comunidad internacional”. En total, han sido 317 nicaragüenses los despojados de su nacionalidad.
Entre los afectados está el Obispo de Matagalpa y Estelí, el monseñor Rolando Álvarez, quien se rehusó a salir del país. El miembro de la Iglesia católica fue condenado a más de 26 años de prisión al negarse a ser desterrado por el Gobierno de Daniel Ortega, junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero.
Días después declaró “traidores a la patria” a otros 94 opositores a quienes no solo les quitó su nacionalidad, sino que ordenó confiscarles sus bienes e inmuebles. Entre esos estaban los escritores Sergio Ramírez Mercado y Gioconda Belli, junto con el excomandante de la revolución Luis Carrión.
De acuerdo con la Agencia EFE, el Tribunal de Apelaciones de Managua manifestó que esos nicaragüenses habían sido acusados por el Ministerio Público por delitos como: conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real y propagación de noticias falsas. “Todo eso en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad”, precisó la entidad.
Los otros llamados a organizaciones internacionales
“El autoritarismo que se ha impuesto en la hermana república ha infringido normas ius cogens”, señaló la Cancillería y explicó que son aquellas que se han definido como “imperantes, inderogables, absolutas, perentorias, inmutables en esencia”. Por esa razón, el Gobierno le ofreció a quienes han sufrido esos abusos acceder a la nacionalidad colombiana.
“Mucho nos honrarían”, puntualizó la entidad y resaltó que esa iniciativa la empezaron los países de Chile y México. La propuesta la aceptó el escritor Sergio Ramírez Mercado, exvicepresidente de Nicaragua en la década de 1980, quien ahora es colombiano, mientras que Gioconda Belli tomó la nacionalidad chilena.
Las violaciones de Nicaragua, ante los ojos de Colombia, deben ser conocidas por la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. “Al señor fiscal de la Corte se le pide tomar cartas en tan alarmante asunto”, aseveró la Cancillería en el comunicado de prensa y precisó que las víctimas de esas acciones “se han hecho del derecho internacional general”.
Esa solicitud al funcionario en La Haya lo realizó Colombia, a pesar de que Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, “un órgano que encausa graves crímenes al DIH”, expuso EFE.
Con información de Agencia EFE.
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