El 16 de febrero de 2023 se llevó a cabo la audiencia de medida de aseguramiento de la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, por las irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la capital de Antioquia.
En esta audiencia estuvo presente Beatriz Mejía, como procuradora delegada del Ministerio Público para este proceso judicial, en el que la Fiscalía, solicitó la medida de aseguramiento para Agudelo y Lina María Gil, exdirectora técnica del programa Buen Comienzo.
La misma medida de aseguramiento, en modalidad de casa por cárcel, fue solicitada por la Fiscalía en la última audiencia, ya que aseguró que el material probatorio por el caso de corrupción de este programa de la alcaldía es suficiente para hallar culpables a las dos funcionarias públicas. Audios, actas, pantallazos, entre otros, son los elementos que posee el ente judicial en su poder.
En cuanto a Henry Paulison Gómez, representante legal de Colombia Avanza, el Ministerio Público solicitó medida no privativa, ya que el material probatorio en su contra no sería suficiente y de hallar su culpabilidad, esta no tendría la misma gravedad al no figurar como un funcionario del Estado.
Los delitos imputados son celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado en favor de terceros.
“Se logra corroborar que sí hubo una flexibilización, una sujeción a requisitos con menos exigencia, con un único oferente, lo que imposibilitaba una mejor recepción de ofertas, además de la ausencia de control del oferente para poder verificar qué iba a hacer y cuál era la ejecución del contrato”, aseguró Mejía en referencia al delito de interés indebido en la celebración de contrato.
La Procuraduría manifestó que los tres imputados habrían llegado a acuerdos para que Colombia Avanza se quedara con dos contratos de la Secretaría de Educación de Medellín. “Son líneas que dan a entender que, en efecto, hubo una flexibilización que lleva a la ubicación de los tipos penales que fueron imputados”, añadió la funcionaria que representó a la entidad de control.
En cuanto al representante legal de Colombia Avanza, no hay suficiente evidencia para determinar si actuó ilegalmente, ante esto, Mejía hizo un llamado a la Fiscalía, “sí hay elementos pendientes de ser recolectados y hay un nivel de pronóstico de que al parecer de Colombia Avanza tendrían esta documentación y surge el riesgo de que esta información no llegue a su destino para que la Fiscalía haga ese análisis”, dijo.
Alexandra Agudelo deberá ser suspendida de su cargo mientras es investigada o si se determina su culpabilidad, ya que como ordenadora del gasto público, no puede delegar funciones en su actual condición. Bajo esta premisa, la funcionaria deberá ser reemplazada.
En este caso de presunta corrupción, los implicados se han declarado inocentes, inclusive, Agudelo recibió el apoyo del alcalde de la ciudad, Daniel Quintero.
La Fiscalía aclaró que la medida de aseguramiento se solicita con el fin de que los implicados no puedan intervenir en el proceso de investigación que aún se adelanta desde la entidad judicial. Además, determina que la sanción idónea sería la privativa de la libertad en sus residencias.
Los argumento del abogado defensor
Daniel Ramírez, abogado defensor de Henry Paulison Gómez, manifestó que no existen tales irregularidades desde Colombia Avanza, puesto que la Secretaría de Educación tenía la facultad de contratar de forma directa con organizaciones sin ánimo de lucro, además señaló que esta organización figura como oferente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde noviembre de 2015. De esta forma, mencionó su abogado, Paulison Gómez, sería inocente por los cargos que se le imputan.
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