La Contraloría General de la República le puso el ojo a la venta de acciones que hizo la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la Alcaldía de Barranquilla de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A).
Así lo confirmó el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, al informar que se abrió una indagación preliminar para determinar si existió un presunto detrimento patrimonial.
Según Rodríguez, no es la Contraloría la que le debe indicar al Gobierno si cumple o incumple una obligación que ya se contrajo. Por eso explicó que si la SAE considera que se cometió algún tipo de irregularidad desde el punto de vista disciplinario, debe ponerlo en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación.
Por lo tanto, Rodríguez anotó que la Contraloría lo que tendrá que hacer es determinar si existió o no detrimento patrimonial e iniciar la acción fiscal respectiva pendiente a recuperar el patrimonio público.
La SAE incumple
Al respecto, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, afirmó, de acuerdo con El Heraldo, que la SAE incumple de manera arbitraria el contrato de compraventa con la empresa de economía mixta K-yena, en la cual el Distrito de Barranquilla tiene participación mayoritaria.
El mandatario agregó que, además, la SAE no ha hecho la transferencia de las acciones a favor de la empresa vinculada al distrito, como era su obligación antes del 30 de diciembre.
“Se iniciarán las acciones legales correspondientes para denunciar estos actos y, además, hacer valer los derechos contractuales del Distrito y sus empresas, empezando por el cumplimiento del contrato y el pago de la cláusula penal por $59.000 millones”, anunció Pumarejo.
Demanda a la nación por venta de Triple A
El 17 de enero de 2023 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Anjde) confirmó que la Nación fue demandada por Canal Extensia por presuntas irregularidades en la venta de acciones de la Triple A de Barranquilla.
En esta se aseguró que Colombia habría violado el acuerdo con el Reino de España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. También se cuestiona la acción popular de la Procuraduría General de la Nación por presuntos pagos fraudulentos conforme al contrato de asistencia técnica, así como el proceso de extinción de dominio contra las acciones de Cexa en la Triple A.
La demanda, presentada en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tiene su origen el 24 de junio de 2022, cuando Canal Extensia informó al Estado colombiano sobre una controversia frente a la Triple A de Barranquilla. Después el 26 de septiembre del mismo año, la firma española advirtió su intención de someter el caso ante un centro de arbitraje internacional.
Finalmente, el 13 de enero de 2023, según informó la Anjde, el Estado colombiano quedó notificado por la secretaría de la Ciadi sobre el registro de la demanda arbitral presentada por Canal Extensia contra la República de Colombia.
Según la demanda, Canal Extensia sostiene que Colombia habría violado el acuerdo a través de varias actuaciones estatales, incluyendo las medidas adoptadas por la SAE en el procedimiento de enajenación temprana de las acciones de la Cexa (antes Inassa), en la Triple A.
La Anjde señaló que una vez conocida la presunta controversia inició de forma inmediata las gestiones de coordinación interinstitucional con el propósito de conocer el contenido y alcance de las medidas cuestionadas.
Con la iniciación formal del arbitraje, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado también advirtió que se llevarán a cabo las medidas necesarias para defender los intereses litigiosos del Estado en este caso, en coordinación con las medidas adoptadas por la SAE y demás entidades públicas involucradas en el objeto de la controversia.
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