Néstor Osuna reiteró ante la JEP su compromiso con implementar las justicias restaurativa y transicional

Sobre las 10 de la mañana del martes 7 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— inició una audiencia para recibir las respuestas de ministros y otras entidades estatales alrededor de la verificación de las condiciones necesarias para que este tribunal pueda imponer condenas y otras sanciones a comparecientes.

De hecho, esta diligencia inicio en diciembre de 2022; sin embargo, por cuenta de la preparación de reformas como al sistema de justicia, y la ley de sometimiento para grupos criminales dedicados al narcotráfico, pudo reanudarse hasta comienzos de febrero. En ese orden, las primeras intervenciones estuvieron a cargo de los ministerios TIC, Justicia, Interior, Trabajo, Ambiente y la oficina del alto comisionado para la Paz.

Néstor Osuna, jefe de la cartera de Justicia y el Derecho, explicó ante la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP que el Gobierno nacional mantiene su compromiso con la implementación efectiva de la justicia restaurativa, uno de los núcleos del proyecto de ley que busca reformar el aparato judicial en Colombia.

Vale mencionar que sobre dicha justicia restaurativa, Osuna ha señalado que el sistema actual “no repara a las víctimas (...) no les han hecho nada para restablecerlas a la situación anterior”, y si bien reconoció que esta medida es difícil de implementar en algunos delitos, también enfatizó que en otros estas medidas se pueden aplicar con mayor facilidad.

“En aquellos delitos que se pueda reparar, vamos a establecer un sistema en que esa reparación deje satisfecha a la víctima y también le otorgue unos beneficios a la persona condenada; es decir, unos pocos meses menos de cárcel”, explicó el funcionario.

En la audiencia, el ministro también precisó que ese componente será complementario a la justicia transicional establecido por la jurisdicción de paz y que, juntos, son las bases para la consolidación de la Paz Total.

“El articulado del Plan de la gente tiene previstas las condiciones institucionales para el cumplimiento de las decisiones judiciales de la JEP en materia de medidas de contribución a la reparación y sanciones propias en cabeza de los comparecientes”, explicó el ministro Osuna en la diligencia. También ratificó que el Gobierno adecuará los proyectos necesarios para la efectiva implementación de sanciones propias por parte del tribunal especial.

También anunció que creará las condiciones para las medidas de reparación que impongan las salas del tribunal de paz en el marco de su autonomía.

Por otra parte, la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez Ríos, presentó las iniciativas en materia laboral para el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc. Al respecto, la funcionaria dijo que esa cartera está implementando mecanismos como la vía de cualificación de reconocimiento de Aprendizajes Previos, a través del cual son certificados los aprendizajes de las personas alcanzados en cualquier momento de su vida e “independiente de dónde, cuándo y cómo fueron adquiridos”.

También afirmó que la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, adscrita a esa entidad, ha definido el plan denominado Agenda Asociatividad Solidaria para la Paz, el cual iniciará actividades este año hasta 2026. Esta iniciativa seleccionó como principales beneficiados a excombatientes de las antiguas Farc y a víctimas del conflicto y población campesina.

El Ministerio TIC destacó la puesta en marcha de las emisoras de paz en zonas como Fundación, Tumaco y San Vicente del Caguán, con las cuales fue alcanzado el 80 % de sus compromisos estipulados en el Acuerdo Final.