La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó en la mañana del lunes (30 de enero) al Estado Colombiano y a los representantes del extinto movimiento político ‘Unión Patriótica’ (UP), su decisión a favor de los demandantes, que acusaron al Estado de haber permitido el exterminio en masa de cientos de militantes e integrantes del partido.
Se estima que más de 6.000 personas, entre integrantes, funcionarios y militantes del partido, fueron asesinadas entre 1.984 y los primero años de la década de los 2.000. Varios de ellos a manos de agentes del Estado y grupos al margen de la ley, en lo que Gabriel Becerra, secretario general de la UP, llama “uno de los casos más representativos de genocidio político”.
“Estamos frente a un hecho histórico que tendrá implicaciones para las víctimas, para los sobrevivientes de un partido político que fue objeto de persecución de asesinatos, de desapariciones, de tortura por parte del estado y de agentes paraestatales constituyéndose talvez en el caso más representativo de genocidio político no solamente en Colombia si no en América Latina y en el mundo”, referencia Blu Radio.
El caso fue presentado por sobrevivientes de la UP ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en diciembre del 93 y, desde entonces, el caso permaneció abierto –hasta el lunes– en búsqueda de pruebas que inclinaran la balanza a favor de una de las partes. Es decir, durante más de 30 años, estuvo esperándose una decisión.
La UP nació a raíz de la unión política entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Partido Comunista Colombiano, como resultado del proceso de paz entre el Gobierno del expresidente Belisario Betancur y dicha guerrilla, en 1985.
Entre los crímenes que el Estado desconoció, según el informe entregado por la Comisión, se registran desapariciones forzadas, intentos de homicidio, desplazamientos forzados, amenazas, hostigamientos y asesinatos en masa, configurándose como un “exterminio”. Del que el Estado tan solo reconoció 219 victimas, de las miles que se enfrentaron a la violación sistemática de derechos humanos.
La decisión, dijo el secretario general de la UP, Gabriel Becerra “servirá de memoria, de ejemplo, de precedente jurídico, para que nunca más en este país un movimiento o unas personas, unos ciudadanos, sean objeto de eliminación física o de eliminación”.
Entre los sobrevivientes de la Unión Patriótica hay altas expectativas de que el Estado, ahora en cabeza de Gustavo Petro, repare en su totalidad a familiares y victimas de aquel periodo, sin duda oscuro, de la historia colombiana. Y es que, más allá de reconocer el fallo de la Corte, se espera un compromiso total con las victimas pues, tal y como leyó el juez Ricardo C. Pérez en la audiencia:
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica, a partir de 1984 y por más de 20 años, como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido, sus integrantes, militantes y simpatizantes”.
Por lo que, entre otras cosas, el Estado se verá en la obligación de reabrir los procesos por violación de derechos en contra de miembros de la UP, determinar el paradero de hombres y mujeres desaparecidas, declarar un día nacional en conmemoración a las víctimas del partido, pagar indemnizaciones económicas por daños materiales e inmateriales, erigir un monumento y realizar “una campaña nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes, militantes, integrantes y familiares de los miembros de la Unión Patriótica”, como dicta el fallo.
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