El régimen de Nicolás Maduro amenazó a dos periodistas con aplicarles la "Ley contra el Odio"

Cada vez que algún funcionario de la revolución bolivariana pretende desacreditar o atacar a un periodista en Venezuela lo amenaza con demandas, lo insulta diciéndole que está  pagado por la Oficina Central de Inteligencia (CIA), por el Departamento de Estado norteamericano, etcétera. Pero un peligroso atentado a la libertad de expresión y a la seguridad de los comunicadores es lo revelado por el secretario de Gobierno del Zulia, Lisandro Cabello, al anunciar que solicitará aplicar la Ley del Odio contra dos periodistas.

Los objetivos son los comunicadores sociales Madelyn Palmar, corresponsal de EVTV Miami, Unión Radio y Telocuentonews, y Lenin Danieri, corresponsal de Televen y diversos medios del occidente del país. Cabello los señaló como pertenecientes a partidos políticos: a ella, de Voluntad Popular (VP) y a él, de Primero Justicia (PJ) y de un Nuevo Tiempo (UNT).

Eso no sería relevante de no ser porque el funcionario los considera parte de un "plan mediático de aterrorizar e impulsar acciones negativas".

A Palmar la acusó de ser entrenada en los Estados Unidos en un curso de esos de la CIA en tema mediático, que ella lo publicó y después lo borró, "pero ya nosotros se lo habíamos congelado", expresó.

El funcionario dijo eso a la vez que revelaba que el Plan Zamora se estaba aplicando. "Yo no sé si ustedes fueron a Jesús de la Misericordia y pudieron ver el excelente plan de seguridad, porque se esperaban eventos. Nuestros funcionarios estuvieron. Tenemos aplicado todo el Plan Zamora. La que se coma la flecha le vamos a aplicar la ley".

"Tuvimos la lamentable pérdida de uno de nuestros funcionarios por la situación de extremo trabajo y extremo calor que hubo. Guaidó dijo que la luz no llega hasta que se vaya Maduro, y que va por el agua y por la luz".

En defensa de los comunicadores

Las reacciones no se hicieron esperar. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa manifestó: "Rechazamos esta práctica estigmatizante que menoscaba la seguridad de los comunicadores".

La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia es un instrumento jurídico aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente el 8 de noviembre de 2017 con la intención de promover "el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como prevenir y erradicar toda forma de violencia, odio e intolerancia política", pero, en realidad, es un instrumento de uso político. Así quedó demostrado cuando dos meses después se le aplica dicha Ley contra el Odio a una pareja de manifestantes, a quienes funcionarios policiales de Valencia (capital del estado Carabobo) los señalaron de "haber expresado mensajes contra el presidente Nicolás Maduro".

En todos los casos en que se ha aplicado la Ley del Odio la razón que la origina es política, es por manifestar o tener expresiones contra los más altos funcionarios del Gobierno de turno.

Mientras la solicitud del secretario de Gobierno Lisandro Cabello contra los dos periodistas del Zulia ocurre ahora, responde a lo exigido durante una sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC) desde donde hicieron un exhorto a las autoridades venezolanas para que se cumpla la Ley contra el Odio.

La excusa es que habría intenciones belicistas por parte de la oposición venezolana, promoviendo la confrontación y la intolerancia. El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, solicitó la creación de dos comisiones para hacer llegar este petitorio al Tribunal Supremo de Justicia venezolano y al Ministerio Público, argumentando: "Queremos condenar los llamados que se están haciendo por redes sociales a linchar chavistas. Esa es la Venezuela decente de la que ellos hablan. Rechazamos cualquier uso del odio y la venganza contra cualquier ser humano".

Al día siguiente, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Constituyente, Gladys Requena, se hizo presente en la Defensoría Pública, donde entregó una comunicación dirigida a la defensora Carmen Marisela Castro exigiéndole la aplicación de la Ley contra el Odio. Requena dijo que ello se debe al resurgimiento de un conjunto de conductas relacionadas con el odio, la discriminación, la exclusión y la violencia política acaecida en los últimos meses en la nación por grupos de la extrema derecha.

Dos días después, a la oficina del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, llegó una comisión de la Asamblea Nacional Constituyente, encabezada por la vicepresidenta y periodista Tania Díaz, para hacerle entrega de un documento que lo insta a aplicar la ley contra el odio a quienes agredieron en los últimos días a seguidores de Nicolás Maduro.

Los periodistas, así como los medios de comunicación, se han convertido en el blanco preferido de los ataques de los funcionarios del Ejecutivo Nacional, regional y local, así como de los dirigentes del partido de Gobierno.

De casi un centenar de periódicos que funcionaban en Venezuela, casi las tres cuartas partes han desaparecido, manteniéndose un reducido grupo que hace esfuerzos por no perecer. A esa estrategia contra los medios se suma la gran cantidad de ataques violentos, amenazas, demandas e intimidaciones contra periodistas que ejercen en medios venezolanos, así como el bloqueo de medios digitales, como una moderna forma de censura para impedir desde el poder el ejercicio libre de los periodistas y los medios de comunicación.

Lo más peligroso de la amenaza hecha por el funcionario de la Gobernación del Zulia es que en esa región se ha librado una dura lucha entre el Gobernador y periodistas de diversos medios, quienes se han convertido en blanco del poder por haber denunciado los graves problemas de inseguridad, del caos eléctrico y de otros servicios públicos, lo que conllevaría a ejecutar una medida de los tribunales contra los dos reporteros Madelyn Palmar y Lenin Danieri.

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