Recta final del juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán por ‘falsos positivos’ en Antioquia: JEP fijó fecha para alegatos finales

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó la etapa probatoria del juicio adversarial transicional que adelanta contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez por su presunta responsabilidad en casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos”, ocurridos entre 2004 y 2005 en los municipios de Dabeiba e Ituango, Antioquia.

La decisión fue anunciada al término de la séptima sesión del juicio, realizada en Bogotá. La magistrada Reinere Jaramillo informó que quedó agotada la práctica probatoria y que, a partir del día siguiente, comenzará a correr el término de 15 días hábiles para que los sujetos procesales presenten sus alegatos finales por escrito, plazo que vencerá el próximo 30 de julio.

Además, fijó para el 12 de agosto de 2026 la audiencia pública de alegatos de conclusión, que tendrá lugar en Medellín.

Culmina la etapa de práctica de pruebas

El juicio adversarial transicional fue instalado en enero de 2026 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, luego de que el coronel (r) Guzmán Ramírez decidiera no aceptar responsabilidad por los hechos investigados. Como consecuencia de esa decisión, el proceso pasó a esta ruta judicial, en la que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) presentó una acusación formal.

De acuerdo con la JEP, la acusación comprende 10 hechos en los que fueron asesinadas 17 personas, además de un intento de homicidio, ocurridos mientras Guzmán Ramírez comandó el Batallón de Contraguerrillas No. 79 de la I División del Ejército Nacional, entre el 31 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2005.

La UIA sostuvo que el compareciente habría actuado como coautor y coautor mediato de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tratos inhumanos y degradantes, conductas que constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, según la acusación presentada ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad.

Durante el desarrollo del juicio se practicaron diferentes pruebas. La JEP escuchó testimonios de exintegrantes de la fuerza pública, de una víctima sobreviviente y de familiares de las personas asesinadas. A su vez, la defensa presentó testimonios y peritajes relacionados con aspectos operacionales, inteligencia militar y topografía, orientados a sustentar su tesis de no participación en los hechos investigados.

También fueron incorporados dictámenes forenses, análisis de reconstrucción tridimensional de escenas, estudios balísticos de trayectoria y expedientes provenientes de la justicia ordinaria, pruebas que permanecerán dentro del proceso conforme al régimen especial previsto por la jurisdicción.

La acusación por el patrón macrocriminal

La investigación sostiene que las víctimas eran personas en condición de vulnerabilidad que fueron seleccionadas y posteriormente reportadas como combatientes muertos en enfrentamientos armados, dentro de un contexto en el que los resultados militares eran medidos por el número de bajas y respaldados por un sistema de incentivos y recompensas.

De acuerdo con la acusación, el patrón macrocriminal se caracterizó por la selección estigmatizada de las víctimas según su perfil social y económico; la existencia de incentivos ligados a resultados operacionales; el uso de engaños o mecanismos de coerción para captar a las víctimas; el encubrimiento institucional y la simulación de legalidad de los hechos; el aprovechamiento de las condiciones geográficas y territoriales, así como el desplazamiento forzado.

La UIA también afirmó que, en varios de los casos investigados, el plan criminal habría contado con la cooperación de grupos paramilitares, específicamente integrantes del Bloque Mineros y del Bloque Elmer Cárdenas.

Entre las víctimas figuran menores de edad que, según la acusación, fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos antes de morir. Además, tres personas habrían sido sometidas a reclutamiento forzado: un menor de edad, una persona desmovilizada que posteriormente fue utilizada como guía antes de ser asesinada y otra persona no identificada que también se había desmovilizado.

Con el cierre de la etapa probatoria, el proceso contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez entra ahora en la fase de alegatos finales, antes de que la Jurisdicción Especial para la Paz continúe con las actuaciones previstas dentro de este juicio adversarial transicional.