Dos tribunales militares venezolanos aplican la justicia discrecional y violan el debido proceso

Aunque ya ha transcurrido más de un trimestre de 2019, a estas alturas el Tribunal Militar Tercero de Juicio ubicado en Maracaibo, estado Zulia, no se ha conformado para iniciar los juicios que corresponden para el occidente de Venezuela. El último despacho de ese tribunal fue en octubre de 2018. No es una excepción: así funciona la administración de justicia en Venezuela.

Es inútil que los abogados y familiares de los detenidos que están bajo ese Tribunal Militar, vayan cada día hasta la sede del juzgado esperando que haya despacho. Las excusas son múltiples: "Los jueces están por fuera, pero no les podemos decir dónde", "están en una comisión especial", "no, no hay otra persona que les pueda dar respuesta"… Y así pasan los días.

Son muchos los privados de libertad que están esperando que se les dé inicio a los juicios, algunos con más de dos o tres años mientras los detenidos no reciben respuesta alguna por parte del Presidente del Tribunal, Coronel (Ej) José Luis Quevedo Martínez, quien en 2008 fue nombrado como suplente de la Corte Marcial, pero lleva casi 10 años en el Tribunal Militar Tercero del Zulia y la mitad de ese tiempo como presidente del mismo. Le ha llegado la baja de la Fuerza Armada en dos oportunidades y las dos veces lo han vuelto a reenganchar y lo regresan al cargo en el Tribunal Militar. El segundo al mando en ese tribunal es el coronel Yoffer Javier Chacón Ramírez.

Los detenidos, militares o civiles, guerrilleros o paramilitares, se han percatado que una forma de salir rápido de los centros de reclusión es haciendo pagos en monedas extranjeras, especialmente dólares, al personal que labora en los diferentes tribunales del país.

Cuando es imposible no declararlo culpable, el personal de los tribunales le dice que admitan los hechos, para así sacarlos libres con medidas cautelares. En otros casos, salen en libertad plena solo porque han pagado.

Hay mafias operando en los tribunales que muchos las usan cuando los acusados saben que son culpables, de manera que les resuelven rápido el problema. Aquellos que han decidido ir a juicio para demostrar su inocencia deben esperar hasta tres años para que les inicien el juicio, cuando por el tiempo detenidos algunos ya han pagado la condena que les correspondería por el delito en cuestión.

En el Tribunal Militar de Juicio del Zulia ya tienen una lista con más de 15 juicios pendientes. Hay oficiales superiores y subalternos esperando que el Tribunal se decida a trabajar.

El retardo en las actividades de los tribunales sólo es un elemento para incentivar la corrupción y violentar los derechos humanos de los detenidos al no cumplirse el debido proceso.

Guerrilleros y paramilitares en libertad

Es vox populi entre familiares y detenidos que los guerrilleros y los paramilitares tienen tratamiento VIP en ese tribunal del Zulia. Los funcionarios de las instalaciones militares de Casigua El Cubo y El Guayabo, poblaciones del fronterizo estado Zulia, siempre están deteniendo a irregulares que son enviados al Tribunal Militar.

Pero la gran mayoría de los irregulares siempre son puestos en libertad. "Ellos ya tienen una tarifa establecida que deben pagar para salir, y que ronda entre los 12 mil y 15 mil dólares, algunas veces pagan en pesos colombianos".

En esos casos "es cuando aparecen admitiendo los hechos y quedando bajo presentación. A casos así sí los atienden con mucha diligencia porque hay intereses económicos de por medio. Cuando se trata de guerrilleros y de paramilitares, con dólares, el Tribunal omite cualquier superior que les den. Al resto sí les aplican 'es por orden superior' y no le dan curso al juicio o deciden en contra y sin pruebas".

Tribunal de Caracas

Pero si eso ocurre en el interior del país, no es menos dramático lo que sucede en el Tribunal Militar Primero de Control de Caracas a cargo de Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón, quien hace unos días salió del permiso prenatal.

A ella le asignaron los casos más emblemáticos de los militares detenidos alrededor de las elecciones presidenciales de mayo de 2018: los detenidos por los comandantes relacionados con el ex ministro y mayor general Miguel Rodríguez Torres y los señalados por el caso de los drones en un atentado contra Nicolás Maduro en agosto 2018.

La jueza Pérez Benavides de Mogollón, antes de irse de permiso pre y post natal, ha violentado los más mínimos derechos de los militares detenidos. Podemos enumerar:

–Ha ignorado deliberadamente las denuncias de torturas que han hecho los detenidos, quienes incluso han llegado al tribunal con heridas, moretones producto de los golpes y agresiones físicas recibidas en los centros de reclusión.

-Usando maniobras de retardo o prohibiendo el ingreso de los abogados a las salas de juicio, les impuso a los militares de la Unidad de Operaciones Especiales (UOPE) defensores públicos militares, asegurándose así que no tuvieran la apropiada defensa.

-La jueza aplicó medidas dilatorias, no dando despacho o retirándose sin atender solicitudes, para no recibir las solicitudes de la defensa.

–Tampoco permitió que los abogados defensores pudieran tener acceso al expediente, lo que les impedía poder ejecutar una apropiada defensa del imputado.

-La lista de las violaciones, por parte de Caudia Mogollón, al debido proceso, al derecho a la defensa, al respeto a los derechos humanos de los oficiales detenidos, son muchas y variadas.

Sólo dos ejemplos de lo que ocurre en los tribunales militares de Venezuela.

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