La comunidad internacional sigue presionando al régimen de Nicolás Maduro tras las fraudulentas elecciones del pasado 20 de mayo. Este miércoles, Canadá anunció que impuso sanciones contra la primera dama Cilia Flores y otros 13 funcionarios chavistas.
"Estas sanciones envían un mensaje claro de que el comportamiento antidemocrático del régimen de Maduro tiene consecuencias. El anuncio de hoy es una prueba de nuestro compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo y nuestro rechazo a las elecciones presidenciales fraudulentas de Venezuela", señaló Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores canadiense.
"Canadá está tan decidido como siempre a apoyar al pueblo de Venezuela en su búsqueda de un futuro más pacífico, democrático y próspero", agregó.
Además de Flores, los otros dirigentes sancionados son: Tania Díaz, Fidel Iriarte, Carolys Pérez Gonzalez, Erika Farías, Dario Vivas, Christian Tyrone Zerpa, Fanny Márquez Cordero, Malaquias Rodríguez, Indira Alfonzo Izaguirre, Jhannett Madriz Sotillo, Carlos Quintero Cuevas, Xavier Moreno Reyes y Carlos Rotondaro Cova.
Esta medida fue anunciada un día después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) emitiera un lapidario informe sobre la situación en Venezuela y por medio del cual recomendaba que el régimen bolivariano sea investigado por "cometer crímenes de lesa humanidad".
Las sanciones "son consistentes con los principios y valores canadienses y buscan mantener la presión sobre el Gobierno venezolano para que restaure la democracia constitucional y respete los derechos humanos y democráticos", indicó el Ejecutivo canadiense.
El pasado 21 de mayo, un día después de las elecciones fraudulentas, los Estados Unidos aplicaron nuevas sanciones económicas y petroleras contra el régimen de Maduro.
A través de esa medida, Washington restringe la capacidad del régimen bolivariano para liquidar activos estatales. Asimismo, el paquete de sanciones impide la liquidación de saldos de cuentas por cobrar relacionadas con el petróleo.
De esta forma, se prohíbe a cualquier ciudadano, institución o empresa estadounidense adquirir deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al Gobierno de Venezuela en los Estados Unidos, incluidas aquellas inversiones derivadas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
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