"Hay mérito suficiente para iniciarle un proceso a Nicolás Maduro por presunción de comisión de corrupción", aseguró el Tribunal Supremo de Justicia en Bogotá, donde funciona en el exilio. Además, se decretó la prisión preventiva y para eso se ordenó "a las FFAA que procedan a su detención".
La Corte, también decidió notificar a Interpol para que incluya a Nicolás Maduro entre las personas con alerta roja internacional por tener orden de detención válida.
"Todos los cuerpos de seguridad en Venezuela deben obedecer la orden de privación de libertad a Nicolás Maduro", declaró el TSJ.
El acto, al que no asistió Maduro ni su defensa, contó con la participación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia destituidos por la Asamblea Nacional Constituyente, considerada fraudulenta por la oposición venezolana y parte de la comunidad internacional; y con Luisa Ortega Díaz, la fiscal general desplazada por el régimen.
De hecho, la decisión del TSJ llega luego de una investigación de la propia Ortega Díaz, en la que se comprueba la participación de Maduro en sobornos de Odebrecht que causaron un "daño al patrimonio público y un perjuicio a la sociedad", y aseguró que sus consecuencias se ven en la "actual crisis humanitaria" que vive el país.
Entre los proyectos afectados, la destituida fiscal mencionó la construcción inconclusa del segundo puente del lago de Maracaibo, por el cual el Estado suscribió un primer contrato por más de 2.370 millones de dólares y fue ampliado a más de 3.187 millones de dólares.
"Se encontró información de al menos 13 proyectos del Estado contratados por Odebrecht y que están en la misma situación: la línea 5 del metro de Caracas, el sistema masivo de transporte de Caracas", mencionó a modo de ejemplo Ortega.
La ex fiscal acusa a Maduro con base en las declaraciones hechas por el asesor político Joao Santana a la Justicia brasileña en las que dijo que el fallecido presidente Hugo Chávez y el actual mandatario recibieron dinero para campañas políticas y suscribieron contratos con la multinacional.
"Si ganaban las elecciones iban a favorecer a Odebrecht en diversos proyectos y a aumentar el valor de contratos (…) fue tal el compromiso de Maduro que toma posesión (como presidente) el 19 de abril de 2013 y el 4 de mayo estaba aprobando el número de cuenta para desembolsar el dinero", agregó.
El Supremo funciona en el exilio y se autodenomina "legítimo" al considerar que el que opera en Caracas carece de independencia del régimen.
Luego de la lectura del fallo, el TSJ anunció que participará de la Cumbre de Las Américas, donde Nicolás Maduro no está invitado.
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