El desalojo de una mujer de 87 años genera protestas en España

El desahucio de María del Carmen Abascal ha tocado una fibra sensible entre los españoles enojados por el aumento de los precios de la vivienda.

Las manifestaciones que estallaron luego de que la policía derribara la puerta de una mujer de 87 años en Madrid para desalojarla del piso donde había vivido la mayor parte de su vida llevaron la crisis de vivienda y asequibilidad de España al primer plano de la política del país el jueves.

Miles de manifestantes salieron a las calles en todo el país el miércoles en medio de la indignación por el desahucio de María del Carmen Abascal, quien fue sacada de su piso en una camilla por aparente agotamiento y seguía en el hospital hasta el jueves por la tarde.

El desahucio ha tocado una fibra sensible entre los españoles enojados por el aumento de los precios de la vivienda, y ha aumentado la presión sobre el líder del gobierno de izquierda de España, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, quien el año pasado prometió que la vivienda sería la prioridad de su gobierno.

El desalojo de Abascal desató una nueva ronda de acusaciones políticas, en la que los políticos progresistas culparon a los conservadores, mientras que los conservadores restaron importancia al caso y acusaron a sus oponentes de agitar a las masas.

El desahucio ocurrió mientras Sánchez hablaba en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y buscaba presentarse a sí mismo y a España como una alternativa a las políticas autoritarias y como un abanderado del liberalismo humano. En un discurso el miércoles por la mañana, junto al alcalde Zohran Mamdani de Nueva York, Sánchez destacó las políticas sociales de su gobierno, incluidas las restricciones a los desalojos.

El revuelo por el desahucio persiguió a Sánchez hasta Nueva York, donde la primera pregunta que enfrentó en una conferencia de prensa el miércoles por la tarde fue sobre la situación de Abascal. Su gobierno, dijo, daría una "respuesta" a lo que llamó una "tragedia social".

Mientras se llevaba a cabo el desalojo, cientos de activistas se habían atrincherado afuera de la casa de Abascal, conocida como "Maricarmen", en un intento por evitarlo, que al final resultó infructuoso.

"¿Dónde está el gobierno progresista?", coreaban los manifestantes afuera de la casa de Abascal.

"Realmente no entiendo cómo es posible que el gobierno no pueda hacer nada", dijo en una entrevista la abogada de Abascal, Beatriz Duro. "Es una mujer mayor; es una mujer que además hemos visto en directo su deterioro físico, que ha vivido y que ha sufrido".

Duro rechazó una solicitud de entrevista con su clienta, y dijo que Abascal aún estaba convaleciente en un hospital y abrumada por la atención de los medios.

Duro dijo que el gobierno nacional había intentado llegar a un acuerdo con Urbagestión, la empresa inmobiliaria propietaria del apartamento, pero que el esfuerzo había fracasado. Urbagestión no respondió a una solicitud de comentarios el jueves.

El padre de Abascal era el titular del contrato de alquiler del piso cuando la familia se mudó allí en la década de 1950. Se lo traspasó a su esposa, quien a su vez le traspasó el piso de alquiler controlado a Abascal en 2005.

el alquiler de 500 euros (570 dólares) a 2650 euros al mes, mucho más de lo que podía pagar con su pensión mensual de 1350 euros, dijo Duro.

La empresa intentó desahuciarla en tres ocasiones, pero los tribunales bloquearon los intentos hasta que el caso llegó al Tribunal Supremo de España, el cual falló a favor del propietario, con el argumento de que, según la ley española, su contrato de alquiler controlado heredado había expirado legalmente.

El gobierno en minoría de Sánchez podría enviar un proyecto de ley al Parlamento tan pronto como la próxima semana que dificultaría los desalojos, pero no está claro si se aprobará. Un partido del que Sánchez ha dependido en repetidas ocasiones para aprobar leyes es más favorable a los derechos de los propietarios. Un proyecto de ley similar no fue aprobado en febrero.

Si esa legislación se hubiera aprobado, dijo Sánchez el miércoles, "no tendríamos la situación que por desgracia está viviendo Maricarmen". Culpó a una oponente política, la líder regional conservadora de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de permitir que ocurriera el desalojo.

Ayuso restó importancia al caso el jueves, y lo calificó como "un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España". También acusó a Sánchez de alentar a la gente a protestar.

Los partidos de derecha en toda España argumentan que las políticas de vivienda progresistas que amplían los derechos de los inquilinos perjudican a los pequeños propietarios y fomentan la ocupación ilegal. En 2025, Ayuso llamó a Sánchez un "cómplice" de los ocupantes ilegales.

Abascal, atrapada en medio del furor político, podría irse a vivir con un pariente a un piso de una habitación en otra provincia, "pero eso no es una solución", dijo Duro.