El Poder Judicial rechazó este miércoles la demanda de amparo que interpuso el presidente Pedro Castillo contra los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, que emprendieron el proceso de la denuncia constitucional en su contra por el presunto delito de traición a la patria.
Por medio del expediente 03077-2022-0-1801-JR-DC-01, emitido el último 14 de noviembre, el Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró infundada la demanda del mandatario contra los congresistas Rocío Torres, María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP); Alejandro Cavero (Avanza País); Alejando Muñante (Renovación Popular); y Wilson Soto (Acción Popular).
Asimismo, el recurso judicial también fue contra los legisladores fujimoristas Martha Moyano, Ernesto Bustamante y Hernando Guerra García. Todos son integrantes de la Subcomisión de Acusaciones en el periodo 2021-2022.
Su defensa legal señaló que se estaría afectando “su derecho a participar en la vida política de la nación, a la función y a ser elegido” como jefe de Estado.
Sin embargo, la Corte Superior de Justicia determinó que estos argumentos no son válidos pues Castillo “puede ser sometido a procesos de acusación constitucional, antejuicio y juicio político sin que ello suponga lesión a derecho constitucional alguno”, se lee en el documento.
“Al margen de que se configuren, o no, las denuncias que se formulen en contra, el juez constitucional no puede limitar el derecho (deber) que tiene el Congreso de denunciar en caso corresponda, y de realizar los procedimientos de acusación constitucional pertinentes”, continúa el texto.
Por otro lado, el Poder Judicial precisa que, si bien Pedro Castillo fue elegido constitucionalmente ostentando “el más alto cargo público del país”, como es la presidencia, ello no implica “que quede exento del control político”.
Seguidamente, señaló que no es de su competencia “evaluar los argumentos y pruebas” que se vieron en la denuncia constitucional nro. 219/2021-2022, presentada en febrero por la Subcomisión de Acusaciones por haber infringido los artículos 32, 54, 110 y 118 (incisos 1, 2 y 11) de la Constitución.
“Ello es labor propia del Congreso. En este proceso únicamente se verifica que se cumpla con el debido proceso conforme a la normatividad interna e internacional”, expresa la resolución que también declaró infundado el pedido de declaración de improcedencia formulado por el procurador público del Legislativo.
Congreso aplazó citación
En la víspera, el Parlamento aplazó la sesión de la Comisión Permanente en la que se iba a debatir la denuncia contra el mandatario que pide su inhabilitación por cinco años.
La sesión tenía previsto realizarse el miércoles, pero Castillo pidió a la Comisión Permanente que reprograme la invitación que le hicieron para que ejerza su derecho a la defensa debido a que tiene otra diligencia judicial, respecto a su pedido de tutela de derechos (recurso de amparo) para que la Corte Suprema determine si puede ser investigado mientras es jefe de Estado.
El Tribunal Constitucional (TC) también escuchó los argumentos del recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Castillo contra el Parlamento para detener la acusación que pretende inhabilitarlo del cargo.
Otro de los abogados de Castillo, Eduardo Pachas, aseguró que no existe motivación legal en la acusación contra el gobernante y que su aprobación puede derivar en un proceso que amenazaría su libertad.
A su vez, el representante de la procuraduría del Congreso Yuri García detalló, por su parte, los argumentos del informe, aunque reconoció que estos se refieren a una “tentativa” del delito de traición a la patria.
Declaraciones
Durante la sustentación del informe que aprobó la acusación, el congresista Diego Bazán, de Avanza País, sostuvo que Castillo declaró en enero pasado a la CNN que “es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar y que consultará a la ciudadanía” peruana sobre esta posible medida.
Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), por lo cual demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida marítima, pero el tribunal desestimó su petición.
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