Contraloría identificó irregularidades en contrato por S/200 mil en la DINI

La entidad fiscalizadora advirtió que parte de la información brindada por el postor ganador de dicho contrato, Jaime César Cruz Viera, es falsa.

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No es la primera vez que el director de Inteligencia Nacional, José Luis Fernández Latorre, enfrenta críticas a su gestión.
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La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la contratación de un servicio en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

El suceso ocurrió el pasado primero de agosto durante la gestión de José Luis Fernández Latorre, actual director de Inteligencia Nacional. En el documento de la entidad fiscalizadora se deja constancia de serios cuestionamientos en torno a un contrato por 200 mil soles, según un reporte del Diario El Comercio.

El reporte de la Contraloría fue emitido el pasado 19 de octubre tras realizarse una inspección del proceso titulado “Adjudicación simplificada 003-2022-DINI-adquisición e instalación de transformador trifásico de 1250 kVA”.

En este sentido, se detalla que parte de la información brindada por el postor ganador de dicho contrato, Jaime César Cruz Viera, es falsa. El empresario brindó documentación que no se ajusta a la verdad para acreditar su experiencia en la especialidad que requería el proceso, según el reporte de la institución.

“Carecería de veracidad o son inexactos”, recogió el citado medio. Además, se destaca que en esta situación se comprometió la utilización de recursos públicos por 200 mil soles. La Contraloría General de la República también advierte que la DINI asume un riesgo con esta contratación, esto debido a que el proveedor puede resultar no idóneo al no cumplir con los estándares de calidad para otorgar el citado servicio.

Entre los cuestionables aspectos recogidos se encuentra un contrato del año 2015, con la empresa Servicios Generales Gómez, para presuntamente instalar una subestación eléctrica de estilo pedestal. En este documento se indica que Ericson Nathals Solís fue el ingeniero supervisor de dicho trabajo.

Pese a esto, Nathals Solís relató a las autoridades que nunca realizó la mencionada labor. En contraparte, sí aceptó que hubo un diálogo con Cruz Viera para ocupar el puesto.

En otro momento, el empresario ganador del contrato de la DINI acreditó la experiencia de trabajo de uno de sus colaboradores. En este escenario, aseguró que su trabajador Hilario Conde Ramírez desarrolló funciones de forma ininterrumpida en la compañía JVC Servicios Generales, de Juan Carlos Viera Calle. Aparentemente, Conde trabajó entre septiembre del 2013 y noviembre del 2019.

En este sentido, la Contraloría detectó que esta información no corresponde a lo manifestado por Cruz Viera; según su informe, en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) Viera aparece como proveedor de servicios en distintas instituciones estatales en los periodos donde debía trabajar únicamente con la empresa JVC Servicios Generales.

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Otros cuestionamientos

No es la primera vez que el director de Inteligencia Nacional, José Luis Fernández Latorre, enfrenta críticas a su gestión.

La Contraloría General de la República ya había señalado, días antes, que el investigado por el Ministerio Público Henry Shimabukuro Guevara desarrollaría labores en la oficina de la DINI; grupo de trabajo que funciona en un apartado de la Presidencia del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno.

La Fiscalía acusa a Shimabukuro de formar parte del denominado grupo ‘asesores en la sombra’ presidido por el presidente Pedro Castillo Terrones. Según información del programa periodístico Cuarto Poder, el mencionado cuenta con credenciales, una oficina exclusiva y un pase vehicular en la Casa de Pizarro.

Asimismo, el pasado 17 de octubre del presente año, el secretario general del despacho presidencial, Julio Palomino, recibió un reporte de la entidad fiscalizadora sobre el tema. “Comunicar al titular de la entidad o responsable de la dependencia, la existencia de hechos con indicio de irregularidad que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes del Estado”, recoge el informe.

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