Cinco de los siete detenidos por integrar la banda ‘Los tratantes del Norte Chico’, dedicada a la explotación sexual de menores en el penal de Carquín de Huacho, quedaron en libertad este martes tras una decisión fiscal, denunció a El Comercio el coronel PNP Manuel Díaz Barco, de la división de Trata de Personas de la Dirección de Investigación Criminal (Divincri).
“Desafortunadamente la Fiscalía de crimen organizado de Huacho ha procedido a darle libertad a los intervenidos en el prostíbulo El Rosal. Me parece una decisión inapropiada. Se trata de un delito contra la dignidad humana, en la modalidad de explotación sexual de adolescentes. Es muy grave”, denunció el coronel.
Los implicados en libertad son Aldo Alexcy Saavedra de la Cruz (26), encargado de la seguridad interna y mantenimiento de este establecimiento donde se identificó a menores marcadas con el sello penitenciario.
También Hiraldo Luis Valverde Cueva (30), de seguridad externa; Eladio Gidel Albornóz Solórzano (49), de control y cobranza de ingreso de clientes; Carlos Joaquín Valdillo Higinio (26), de la barra de licores y caja; y Carlos Cristian Salas Sánchez (39), administrador del local.
Las dos personas que aún permanecen detenidas son Fannyber Pérez Vásquez (47) y Kelvin Rafael Almarza Vásquez (18), quien se encargaba del desplazamiento de las menores. Asimismo, continúan las investigaciones para conocer si hubo participación de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en este caso.
“Esta actividad constituye un medio de subsistencia para los integrantes de la organización criminal. Se deriva como una situación de trata de personas, pues tuvieron que realizar un proceso de captar a las mujeres, reportarlas, trasladarlas y retenerlas en esos ambientes, para finalmente explotarlas sexualmente”, añadió.
Desarticulación
Según un informe de Domingo al Día, los indicios de la explotación sexual se descubrieron hace un mes, durante la intervención de dos establecimientos nocturnos en Huacho. Ocho menores de edad y una joven de 19 años, supuestas víctimas de explotación sexual, fueron rescatadas por los efectivos policiales.
En esas diligencias se identificó que las víctimas no solo eran menores de edad, sino que además llevaban sellos y números en el cuerpo, los mismos que son colocados al momento de ingresar al penal de Carquín como visitante.
La difusión del reportaje produjo que el INPE iniciara una investigación interna. Además, anunció que, por seguridad y mientras duren las pesquisas, ha procedido con el aislamiento de tres internos de nacionalidad venezolana que serían familiares de las menores, y que estarían involucrados en el posible hecho delictivo.
En diálogo con RPP Noticias, Omar Méndez, jefe del Inpe, sostuvo que todavía no tienen indicios que señalen que el personal penitenciario esté “coludido”.
Sin embargo, el coronel PNP Manuel Díaz Barco indicó que “puede haber implicancia en el favorecimiento del ingreso” de las menores. “Pero en el peor de los casos podrían estar implicados como clientes, como lo están los internos del penal”, refirió.
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