Caso Dina Boluarte está entrampado en subcomisión del Congreso: ¿qué falta para que avance?

El caso de Dina Boluarte se encuentra literalmente congelado en el Congreso de la República. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), donde se analiza la denuncia contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social por presunta infracción a la Carta Magna, no renueva todavía la composición de sus miembros. Se espera una pronta reunión de la Comisión Permanente para resolver este entrampamiento.

Tras confirmarse a los nuevos integrantes de la SAC, el siguiente punto sería elegir al nuevo presidente de este grupo de trabajo. En la legislatura pasada, Rosío Torres (Alianza para el Progreso) estuvo al mando. Ahora, bancadas de oposición como Renovación Popular (RP) planean liderarla y poner a la exfiscal Gladys Echaíz, quien no ha ocultado su posición a favor de la inhabilitación de Boluarte Zegarra en la vicepresidencia.

Si RP captura la presidencia de la SAC, lo que vendría después sería poner a debate una nueva reconsideración sobre quién debería ser el delegado de la denuncia contra Boluarte. Como se recuerda, el pasado 1 de agosto, ratificaron al parlamentario Edgar Reymundo como el encargado de realizar el informe de calificación sobre si procedía o no acusar a la vicepresidenta de la República.

La congresista Norma Yarrow (Avanza País) había solicitado el cambio de Reymundo debido a que pertenece a la bancada Cambio Democratico-Juntos por el Perú- que resulta ser aliada del Gobierno de Pedro Castillo.

Plazos

Si en la SAC se termina por cambiar al delegado de la denuncia contra Boluarte, todo el proceso volvería a foja cero. Alberto Otarola, defensa legal de la vicepresidenta, indicó a Perú 21 que se tomarían entre ocho meses a un año resolver el caso de cliente. Sin embargo, señaló que si todo sigue igual; es decir, esperar el informe de calificación, realizar las audiencias, debatir el documento y la votación, habría una resolución en diciembre.

Por lo pronto, el abogado de Boluarte ya presentó ante la Mesa de Partes del Parlamento un documento de 80 páginas en el que se sustenta su defensa respecto a la acusación constitucional. En paralelo, hay que recordar que se presentó un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que solicite al Estado peruano a que suspenda este proceso que es llevado a cabo por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República.

En su escrito ante la instancia internacional, la vicepresidente sostiene que el proceso de la SAC tiene que quedar sin efecto porque se transgredió con sus acciones los artículos 38 y 126 de la Constitución, y por los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y aprovechamiento indebido del cargo.

En esa línea, el recordado exministro de Defensa del expresidente Ollanta Humala sostiene que la oposición parlamentaria intenta “hacerse con el poder y revertir la derrota” que sufrió en las urnas en las elecciones presidenciales pasadas.

Otro argumento que Otárola también apunta es que se busca forzar la destitución e inhabilitación de Boluarte mediante el uso indebido de informes administrativos. Por ello, reveló que el informe de la Contraloría fue enviado en su totalidad al Parlamento, en cambio a la vicepresidenta solo le habría llegado tres paginas.

A Boluarte se le acusa de una posible infracción constitucional porque, supuestamente, realizaba labores como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya ostentaba el cargo público.

Según un reportaje de Epicentro TV, la vicepresidenta firmó como representante legal del Club Departamental Apurímac en el 2022, cuando ya ejercía como ministra. La prueba sería un expediente administrativo que el citado medio obtuvo de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima, el cual señala que el mencionado club quería recuperar su licencia de funcionamiento, luego de que esta fue revocada en el 2019 por quejas de los vecinos.

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