Derechos Humanos: de todos y todas

“La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Con esta frase inicia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que establece claramente la igualdad de todos los derechos que le asisten a las personas.

Este documento, sobre el cual descansa toda la narrativa de los derechos humanos en el mundo, resalta la importancia, por encima de todo, del derecho a la libertad, la justicia y la paz, y a la vez refuerza el concepto más valorado de la humanidad, como lo es la familia.

¿Puede entonces imponerse el válido derecho a la protesta (más aún si es violenta) a la libertad de los peruanos a vivir en paz? ¿Es el derecho a la justicia únicamente la que se imparte en los tribunales? ¿O no es acaso también de justicia el derecho que ejercen los ciudadanos al libre tránsito, al ejercicio del trabajo? ¿No es de justicia el derecho sus hijos y seres queridos poder ser trasladados a un hospital y ser atendidos de una oportuna en una emergencia? ¿No se violan acaso los derechos humanos cuando se impide el derecho a la salud o al trabajo, o cuando se limita las actividades de los agricultores o de la pequeña y mediana empresa por el bloqueo de vías o toma de locales?

En el Perú, parece que un sector de la corroída política nacional pretende hacer creer que los derechos humanos son solo de unos y no de todos, a pesar de que la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos señala, en su capítulo segundo, que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados… sin distinción alguna…”.

La crisis política que vive el país tiene sin duda sus raíces en el imperdonable abandono que mantiene el Estado Peruano con las poblaciones más vulnerables del país. Un abandono que proviene de la dejadez y corrupción no solo de mandatarios, sino de funcionarios públicos que por obra y omisión postergan la atención de necesidades básicas y fundamentales de la ciudadanía más necesitada, que sigue esperando que sus alcaldes y gobernadores ejecuten de manera oportuna y eficiente los fondos que les asigna el gobierno central, provenientes de la recaudación, principalmente de la empresa privada y los contribuyentes.

Pero son estos sectores quienes encuentran en el válido reclamo del pueblo, el oportunismo político para zafar de sus responsabilidades, originando caos y destrucción, usando como pretexto una lucha política que NO busca beneficios para la población, sino que responden únicamente a la voluntad de tomar el poder, sin importar el derecho de una Nación a vivir en paz, justicia y libertad, como lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La crisis que hoy vive el Perú, tuvo su origen en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, intentando cerrar las instituciones democráticas y evitar así la acción de la justicia, antes las siete investigaciones por corrupción que pesan en su contra como líder de una organización criminal que se dedicó a robarle a los hombres, mujeres y jóvenes del Perú desde Palacio de Gobierno.

La sucesión constitucional de la presidenta Dina Boluarte, fue realizada con el voto en el Congreso de la mayoría de bancadas de izquierda, la progresista y la radical, de manera legal y legítima. Pero son esos mismos grupos, financiados por fuentes externas, la minería ilegal y el narcotráfico, que ahora intentan tomar por asalto la democracia, usando como carne de cañón a ciudadanos con una legítima frustración. Y en su intento por dividir y quebrar a una Nación, han generado caos, violencia, y por momentos, el abuso de la fuerza policial para defenderse o reprimir sus actos de sabotaje contra de los derechos de los ciudadanos que no comparten los mecanismos de sus demandas.

No se trata entonces de una pelea ideológica de izquierdas o derechas que comparten, por igual y en las mismas dimensiones, el daño que le han hecho al país con sus nefastos liderazgos y accionar político.

Se trata de una crisis a la que hay que atender utilizando como principio básico la misma Declaración de los Derechos Humanos y atender así, no solo las demandas de los miles de peruanos que marchan por las calles, sino también, de los millones de compatriotas a quienes las violentas protestas han vulnerado su derecho a la salud, al trabajo, a la educación y a la paz social.

La crisis que vive el Poder Ejecutivo se solucionará con el adecuado uso Poder Duro y Poder Blando, al que hace mención el politólogo Joseph Nye. Quienes creen que la crisis se soluciona disparando balas se equivocan tanto como quienes creen que la crisis se soluciona con la intransigencia de exigir la renuncia de la Presidenta.

La muerte de compatriotas nos enluta a todos. Pero usarla como arma política de chantaje para pretender poner en riesgo la continuidad democrática y el bienestar de una Nación es algo inaceptable. El gobierno debe solucionar la crisis con acciones territoriales rápidas y eficientes. Se necesita a un gabinete que luzca más cohesionado aún, y que atienda, con el poder blando, de manera visible y contundente, la agenda ciudadana real y los derechos humanos a la libertad, la vida, la salud, el trabajo, la seguridad y la paz.