Desafíos y oportunidades para la construcción en el Perú

La pandemia del COVID-19 demostró la gran resiliencia de la actividad constructora peruana. Luego de un primer semestre en que la producción sectorial se redujo 41% en el primer semestre del 2020, se logró recuperar en el segundo para terminar el año con una caída de alrededor del 14%. En el 2021, el sector creció 35% en razón de un alza significativa de la inversión privada (38%) y pública (24%). La colocación de créditos hipotecarios se incrementó en 67%, y los préstamos de vivienda social alcanzaron récords históricos. La inversión minera subió 23%, aunque no pudo recuperar el nivel logrado en el 2019.

Superada la peor etapa de la pandemia, el año 2022 pudo ser el de la consolidación del sector construcción. Capeco sugería la posibilidad de aumentar en 15% la producción de vivienda social, pasar de 65% a 75% la ejecución presupuestal de obras estatales y acelerar el desarrollo de proyectos mineros, teniendo en cuenta los buenos precios internacionales de los principales metales que nuestro país exporta. Todo dependía de que el nuevo gobierno asegurase recursos suficientes para la vivienda social, efectuara ajustes a las normas reglamentarias de contratación pública, y tuviese una actitud proactiva para atraer inversiones privadas.

Lamentablemente, ocurrió todo lo contrario. En el Presupuesto General de la República de este año solamente se asignó el 38% del monto ejecutado por los programas de vivienda en el 2021, las normas reglamentarias de contratación pública se mantuvieron intactas y, más bien, el Poder Ejecutivo dio señales reiteradas de no valorar la inversión privada, en especial la destinada a minería. A todo ello se sumó el agravamiento de la crisis política, la erosión que viene sufriendo la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades fundamentales y el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Como consecuencia de ello, la construcción no solo no creció, sino que muy probablemente se contraiga al cierre del 2022.

Transcurridos cinco meses del año, a la urgencia de tomar medidas para evitar que la disminución de la actividad constructora en el presente bienio sea la mínima posible se añade la necesidad de poner en marcha una estrategia integral que permita el incremento de sus niveles de producción, de competitividad y de transparencia.

Por el lado de la inversión pública, se requiere impulsar la planificación territorial y sectorial, reorganizar el modelo de descentralización, modificar radicalmente el modelo de contratación pública, promover la automatización de los procesos de gestión de obras y empoderar a los funcionarios que trabajan en las entidades estatales a cargo de las políticas y programas vinculados a la construcción, la infraestructura y el desarrollo urbano.

En cuanto la inversión privada, es necesario asegurar la sostenibilidad de los mecanismos de promoción de la vivienda social, el impulso de inversiones en infraestructura y equipamientos urbanos, la digitalización de los procesos administrativos de licencias, la incorporación de suelo urbano formal, el fomento a la investigación e innovación en construcción, y la implementación de planes de desarrollo integral en zonas de influencia de megaproyectos mineros, energéticos, agroindustriales y de infraestructura.

Para emprender esta agenda modernizadora, sin embargo, es necesario abordar previamente dos temas fundamentales. El primero, es encontrar una solución —consensuada y dentro del marco constitucional— a la grave crisis política que padece nuestro país que, además de poner en peligro la estabilidad de nuestro sistema democrático, es el principal obstáculo para las inversiones. El segundo, es conformar mecanismos institucionalizados de diálogo entre los actores públicos y privados vinculados al sector construcción para trabajar esta agenda de reforma y hacer un seguimiento permanente a su implementación y ejecución.

Hacer realidad toda esta agenda no será tarea fácil ni rápida y, precisamente por eso, resulta imperioso iniciar su discusión y aprobación al más breve plazo.

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